El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma de la ley de Memoria Democrática para ampliar su ámbito de aplicación, reforzando así el reconocimiento y la reparación de las personas perseguidas por la dictadura franquista. También ha dado luz verde a la aprobación definitiva de la ley contra la multirreincidencia, impulsada por Junts.
En cuanto a la ley de Memoria Democrática, la reforma incluye la ampliación de su ámbito de aplicación hasta el 31 de diciembre de 1983, para incluir los primeros años de democracia, y ha prosperado con los votos favorables del PSOE, Sumar y ERC y la abstención de Junts. Por el contrario, PP y Vox se han opuesto.
ERC ha votado a favor tras acordar con el Gobierno español modificaciones que mejoran «el alcance y la justicia de la norma» para que entren casos como los de Salvador Puig Antich. Junts ha considerado que la propuesta es insuficiente y mantiene exclusiones en algunos casos de personas que usaron violencia contra el franquismo.
«Regular bien las reparaciones, ampliar a los beneficiarios, dotarlas de una cuantía digna y hacer que estén fiscalmente exentas nos acerca a dar reconocimiento a quienes nos han traído hasta aquí», ha manifestado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El ministro ha afirmado que el Estado mantiene una deuda «impagable» con las personas que hicieron posibles los derechos y libertades actuales y ha dicho que está dispuesto a dar más «profundidad» a los supuestos que recoge la ley.
Aprobación definitiva de la ley contra la multirreincidencia
La normativa para hacer frente a la multirreincidencia se ha aprobado definitivamente con 272 votos a favor (PP, PSOE, Junts y PNV), 71 en contra (Vox, Podemos, Sumar y EH Bildu), y 7 abstenciones (ERC), después de que el Gobierno español vetara dos de las enmiendas que el PP había introducido durante el paso de la ley por el Senado para endurecer los controles en la regularización de migrantes.
La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, entre otras medidas, propone penas de entre 1 y 3 años de prisión por hurtos de menos de 400 euros y añade agravantes para elevar estos plazos en casos de robos de teléfonos móviles.
Durante el debate final de la propuesta, se ha dado luz verde a una enmienda del PSOE en el Senado que propone aumentar las penas a los delitos vinculados con el cultivo de marihuana en interiores, donde frecuentemente, según el texto, se cometen fraudes de suministro eléctrico. El cambio prevé penas de prisión de 6 a 18 meses o multas de 12 a 14 meses.
