El coste de las obras del nuevo Spotify Camp Nou ya ha superado los 1.000 millones de euros, cuando aún falta por completar la tercera gradería, revestir las lonjas VIP, la instalación de la cubierta y los acabados alrededor de los accesos. Y nada, absolutamente nada, de los plazos, valoración económica, materiales, diseño de estructura y de los mismos cálculos de la financiación, es decir, los indicadores del estado y progreso de las obras directamente dependientes de Limak va según lo previsto.
El panorama actual sitúa el coste previsto de las obras del estadio en unos sobrecostes de 300 millones y el consumo íntegro, asegurado, del préstamo de 1.450 millones canalizado en su día a través del Fondo de Titulización.
Sorprende extraordinariamente que los candidatos toleren, incluso con indiferencia, que Joan Laporta publique un libro titolado Así hemos salvado al Barça y que, además, hablen de fichar al inglés Harry Kane (Xavier Ribagorçanaa), construir un nuevo Palau con el gasto añadido de compensar el proyecto comprometido con otros arquitectos (Víctor Font) y de ganar dinero congelando el precio de los abonos del Estadio una vez acabado (Marc Ciria).
La realidad es, sin embargo, de una precariedad tal que Laporta no sabe ni cómo pagarle al Manchester United los 30 millones que supone la compra obligada de Marcus Rashford, porque eso también es otra mentira y ñandú de su mandato, que resulta igual de caro devolverlo que quedárselo.
La monstruosidad de la carga financiera en que se ha convertido el capricho de Laporta de concederle la obra a Limak crece y crece sin ningún fin posible alternativo que no sea el de abocar al club a un cambio de modelo de propiedad que ni siquiera podrán decidir los socios el día que Goldman Sachs decida quedarse el club a cambio de parte de la deuda y revenderlo a un fondo privado o a un multimillonario, algo que ya parece irreversible y que Laporta intenta ocultar a los socios con sucesivas trampas.
También los candidatos, porque consideran que al socio que vota casi no le interesan las cuentas, que son aburridas e incomprensibles para la mayoría de los que solo esperan volver al estadio y disfrutar (o revender cómo piensa hacer la mitad de los socios) del abono más económico de un club de fútbol como el Barça, de primer nivel Champions League.
Nadie les dice, sin embargo, que votar hoy en Laporta es la garantía de que perderán este derecho —adquirido, o no— a menos que quieran mantenerlo a un precio medio de 3.000 euros por temporada.
Sobre la catástrofe financiera que hundirá el club y que tan poco preocupa a los candidatos, conviene recordar que en la documentación enviada a los socios antes de la asamblea de compromisarios de octubre de 2021, los 1.500 millones se presentaban como la «estimación de la inversión» del conjunto del Espai Barça , sin desglosar tramo a tramo el préstamo, pero sí el destino global de la inversión: 900 millones para el futuro Camp Nou, 420 millones más por el nuevo Palau Blaugrana (incluyendo Petit Palau, pista de hielo y aparcamiento de autobuses) y 100 millones por la urbanización/Campus; además de 60 millones por el museo y 20 millones por las inversiones vinculadas a la MPGM, sumando los 1.500 millones que se sometían a autorización de financiación a 35 años con 5 años de carencia, a devolver íntegramente con los ingresos adicionales generados por el propio Espai Barça (hospitality, ticketing, restauración, patrocinio y naming Rights, eventos y nuevos espacios de explotación), sin coste para el socio ni hipoteca del patrimonio social del club.
Estructura de financiación
Cuando se presentó públicamente la estructura de financiación definitiva de 1.450 millones (abril de 2023) a través del Fondo de Titulización, el vicepresidente Eduard Romeu explicó que este vehículo financiero sería administrado por Intermoney, sociedad a la que el Barça cedía los derechos de cobro de los ingresos «incrementales» del nuevo estadio y que sería el propio fondo quien pagaría a los acreedores.
La previsión de negocio situaba en 347 millones anuales los ingresos del nuevo Spotify Camp Nou y áreas asociadas; de esos 347 millones, los primeros 100 millones se los quedaría directamente el club, y los 247 millones restantes, considerados incrementales, se canalizarían al Fondo de Titulización: unos 94 millones por temporada se destinarían al servicio de la deuda (intereses y amortización de principal) y el excedente de esta bolsa, una vez atendidos los pagos a los inversores, volvería también al club. Esta estructura se presentó como un esquema en el que los acreedores no podían reclamar pagos directamente al FC Barcelona más allá de los flujos del FT, a cambio de aceptar un tipo de interés algo más elevado.
En abril de 2023 el club cerró una financiación de 1.450 millones mediante ocho emisiones de bonos y un Fondo de Titulización (FT) administrado por Intermoney, con unos 20 inversores (Goldman Sachs, JP Morgan, etc.) y un tipo de interés medio de alrededor del 5,53%.
Según detalló entonces la dirección económica de la directiva, de esos 1.450 millones, unos 1.071 millones se destinarían a la obra del Spotify Camp Nou (incluyendo unos 180 millones ya adelantados por Johan Cruyff, derribo del Mini y trabajos previos), 200 millones se reservaban para contingencias (sobrecostes, retrasos, garantías) y 179 millones se imputaban ya como costes financieros del mismo crédito dentro de la estructura.
Eduard Romeu cuantificó públicamente el coste total de la operación (principal más intereses) en unos 2.820 millones, calculado como 94 millones anuales de servicio de deuda durante 30 años después de los cinco años de carencia.
Es decir, el resto del Espai Barça ya había desaparecido del mapa y los 1.450 millones de financiación a largo plazo implicaban aproximadamente 1.370 millones adicionales de intereses y gastos financieros asociados a lo largo de la vida del préstamo. Muy por encima de lo que el socio podía intuir al votar un «límite de crédito» de 1.500 millones entendido sobre todo como coste de obra. En el plan sometido a los socios, el calendario preveía acabar el Nou Camp Nou hacia finales de 2025, el Palau Blaugrana en 2026 y el Campus en 2027. Todo era falso .
Además, debido a la combinación de inflación de costes de construcción, complejidad técnica de las obras y la necesidad de jugar en Montjuïc, el impacto económico indirecto (pérdida de ingresos ordinarios durante las temporadas en el Estadio Olímpico) respecto al relato de 2021, que se centraba en la «autofinanciación» estricta sin detallar estos efectos colaterales, ha aumentado, así como la presión para devolver una parte del principal de más de 400 millones a partir de 2028.
En conjunto, se puede decir que laejecución entre el presupuesto presentado y la realidad hasta 2026 no están tanto en el nominal de los 1.450 millones de crédito como en el verdadero coste financiero total, la parte del crédito destinada a intereses y contingencias, el calendario efectivo de obras y la postergación del Palau, y la intensidad de la afectación de los futuros ingresos del Camp Nou a través del Fondo de Titulización.
Maniobras de Laporta
Para evitar la trascendencia y gravedad de esta enorme farsa y ruina económica, Laporta hizo dos maniobras destacables durante el verano pasado. Por un lado, en el ejercicio 2024-25 el Espai Barça Fons de Titulización dejó de consolidarse en las cuentas del grupo Barça de manera que la deuda específica del proyecto pasó a considerarse completamente externa y ya no figura como pasivo financiero directo del club, sino como compromiso indirecto ligado a los derechos de cobro cedidos (ingresos del estadio).
El efecto engañoso fue el de limpiar en apariencia el balance ordinario, trasladando el grueso de la deuda del Espai Barça al Fondo de Titulización (EBFT) —invisible a los socios— y un «aprimamiento» del pasivo en 626,9 millones. Lo que ha quedado igualmente es una deuda ordinaria de más de 2.000 millones, además de la del Spotify y sin contar el Espai Barça que está por financiar con otro préstamo futuro nunca por debajo de otros 500 millones.
Por otro lado, Laporta firmó con inversores del crédito y de los bonos una reprogramación de los grandes vencimientos previstos hasta 2028 (alrededor de 600 millones) para ampliarlos hasta 2032, lo que en la práctica amplía la «carencia de capital» efectiva hasta después del siguiente periodo de mandato de Laporta aunque los intereses siguen devengándose y cobrándose a través del FT.
Esta reducción no significa que el riesgo desaparezca: el mismo análisis detalla que, a esta fecha, el FT acumula 788,94 millones de derechos futuros sobre ingresos del Spotify Camp Nou y 137,97 millones adicionales de compromisos que el Barça deberá atender vía el mismo mecanismo del fondo, es decir, un compromiso económico agregado de 926,91 millones ligado al proyecto a pesar de estar fuera del balance consolidado.
Aunque se amplió esta ventana sin devolución masiva del principal, el coste del dinero no se detiene. Según la memoria 2024 del Fondo de Titulización ya se cifran en 132,4 millones los intereses devengados (46,9 millones en 2023 y 85,5 millones en 2024) antes de haber amortizado ni un solo euro de capital.
Además de estos intereses, el propio FT ha tenido que soportar gastos de estructura y coberturas financieras que han llevado a un margen de intereses negativos de –65,01 millones en 2024 y unas pérdidas acumuladas en el vehículo de 151,65 millones entre 2023 y 2024, déficits que el Barça tendrá que regularizar cuando el estadio esté plenamente operativo.
El esquema aún descansa en que el nuevo Camp Nou generará unos 360–370 millones anuales, de los que unos 247 millones se canalizan al FT: aproximadamente 94 millones al servicio de la deuda (intereses + amortización) y el resto (unos 150 millones) de vuelta al club que es el que ya generaba el Barça antes de las obras.
Un desastre sobrevenido porque Laporta ya ha consumido parte de estos beneficios de futuro cediendo la explotación de la restauración, hospitality o derechos televisivos.
Al desplazar la devolución de capital hacia 2032 y más allá, se gana oxígeno en la segunda mitad de la década de 2020, pero se alarga el periodo durante el cual el grueso de los ingresos incrementales del estadio queda pignorado en el FT, lo que limita la capacidad del club para utilizar este cash-flow para otras necesidades irrenunciables, cómo reducir deuda ordinaria la inversión deportiva.
La separación contable mejora la foto de solvencia a los ojos del aficionado, de LaLiga y de algunos indicadores estándar de deuda/EBITDA, pero a costa de una menor transparencia: buena parte del riesgo real del Espai Barça pasa leerse las cuentas del FT (CNMV) y en notas explicativas, no al balance principal del club.
Diversos análisis externos advierten de que, aunque la operación «aclara» el mandato de Laporta, incrementa el riesgo de sostenibilidad a largo plazo: la estructura de deuda es muy exigente con la capacidad del estadio para cumplir las proyecciones de ingresos y deja al club expuesto a shocks (deportivos o macroeconómicos) durante varias décadas, ahora con un horizonte de amortización que se estira hasta 2050.
Nunca el voto ha sido más trascendente para la supervivencia del Barça como una institución históricamente nacida y gobernada durante 126 años bajo un modelo de propiedad compartida por socios que si reelejen Laporta dejarán de serlo. La paradoja está aquí, por desgracia bajo la actitud contemplativa y cómplice de los cuatro candidatos.
