El Consejo Ejecutivo de la Generalitat ha acordado la creación de una comisión interdepartamental para el bienestar digital de la infancia y la adolescencia como órgano de trabajo estratégico encargado de diseñar, impulsar, coordinar y evaluar la implementación de un modelo propio de bienestar digital infantil y adolescente.
Entre sus funciones, está la de estudiar la oportunidad de elaborar una propuesta normativa en materia de protección de niños y adolescentes en el entorno digital. La comisión implicará doce departamentos de la Generalitat y el presidente de esta comisión será el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, como responsable del ámbito de Políticas Digitales. También habrá cuatro vicepresidencias a cargo de los departamentos de Derechos Sociales e Inclusión, de Educación y FP, de Salud y de Presidencia.
También estarán representadas, en las vocalías, los departamentos de Interior y Seguridad; Justicia y Calidad Democrática; Igualdad y Feminismo; Investigación y Universidades; Deportes; Cultura y Política Lingüística, así como la Dirección General de Coordinación Interdepartamental y Relaciones con el Estado, la Agencia de Ciberseguridad y el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas.
La portavoz, Sílvia Paneque, ha dicho que el Gobierno catalán ve prioritario disponer de una visión integral para garantizar una actuación transversal y coordinada. En este sentido, Paneque ha explicado que la comisión tendrá como funciones impulsar, coordinar y consolidar un modelo propio de bienestar digital infantil y adolescente basado en una perspectiva preventiva, equitativa, integral y transversal.
Esta comisión también deberá diseñar, impulsar, consensuar y coordinar la implementación de medidas orientadas al bienestar, la seguridad, la prevención, la capacitación y la protección de niños y adolescentes en entornos digitales; identificar y analizar riesgos, necesidades y oportunidades emergentes derivados del uso intensivo y precoz de las tecnologías digitales por parte de niños y adolescentes; y proponer líneas de actuación en el ámbito de la intervención pública.
Otras funciones serán elaborar un plan de medidas, orientado principalmente a la prevención, para promover políticas públicas que fomenten un uso beneficioso y consciente de las tecnologías digitales; y diseñar un plan de medidas orientado a reforzar la colaboración con los actores privados, entre otros.
