¿Qué pasaría si un usuario utilizara un nombre falso para colgar amenazas de muerte contra un juez? Pongamos por caso que escribiera «¡Juez…, ha llegado tu hora!». Sustituid los puntos suspensivos por el nombre de cualquiera de los jueces que participan de la campaña político-judicial dirigida a hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez.
O pongamos por caso que uno de estos jueces se encontrara a la salida de su trabajo con un supuesto periodista que con un micrófono en la mano se dedicara a importunarlo, insultarlo y a acusarlo de prevaricación.
Estoy convencido de que el juez afectado y sus colegas de las asociaciones de magistrados de derechas actuarían inmediatamente, poniendo en marcha un proceso judicial para descubrir quién está detrás de los perfiles donde han aparecido las amenazas de muerte y abriendo una causa contra el supuesto comunicador que los acosa a las puertas de los juzgados.
La pregunta que me planteo es porqué estos jueces no actúan con la misma diligencia cuando los afectados por estas amenazas de muerte en las redes o por los acosos en la vía pública son políticos, periodistas o personajes conocidos con ideas progresistas.
En cambio, un buen puñado de jueces abren las puertas de sus despachos a asociaciones de extrema derecha que se presentan con cualquier noticia falsa para exigir que se procese a dirigentes de izquierdas. ¿Harían lo mismo si asociaciones de signo contrario se presentaran con recortes de diarios o mensajes en las redes sociales acusando a los dirigentes de PP, Vox o magistrados de derechas de cualquier delito? A buen seguro que no.
No veréis nunca a Vito Quiles o Bertrand Ndongo presentándose en el domicilio del juez Peinado preguntándole si no le da vergüenza prevaricar para buscar motivos para imputar delitos a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o si lo hace para hacer feliz a su hija, concejala del PP de Pozuelo de Alarcón. Sí que veréis a este par haciendo lo mismo, de forma impune, persiguiendo por la calle o por donde sea a periodistas como Sara Santaollala, Chema Garrido o Ignacio Escolar o políticos como José Luis Rodríguez Zapatero, Yolanda Díaz o Gabriel Rufián.
Ante la despreocupación de los encargados de impartir justicia son numerosos los comunicadores de izquierdas y antifascistas que abandonan las redes sociales desbordados anímicamente por las amenazas e insultos que reciben a través de ellas. O sus programas de radio, como el caso reciente de Quequé en la Ser.
Muchos comunicadores y medios progresistas tienen que hacer frente a gastos notables y a amenazas de sanciones altísimas en los procesos judiciales que han aceptado magistrados que han considerado oportunas las demandas de escuadras ultras como Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír y unos cuantos más.
La creación de la Fundación Contexto y Acción, que ha llevado a los juzgados a algunos adalides de la difusión del odio de la ultraderecha, es una buena noticia. Haría falta, sin embargo, que no fuese necesario que a un juez lo amenacen de muerte o lo acosen a la salida de su despacho para que se dé cuenta de que hacerlo es un delito y no sólo cuando es él el afectado. Y que obre en consecuencia.
Estamos en democracia, ¿no?
