Hay días que Rodalies no es un servicio público: es una prueba de resistencia. Trenes que no pasan, que pasan tarde, que se paran donde no toca, que se estropean cuando más los necesitas. Usuarios resignados, trabajadores agotados, estudiantes atrapados y anuncios por megafonía que ya nadie escucha porque nunca dicen nada útil. El descalabro actual es tan evidente que cuesta incluso discutirlo. Pero conviene decirlo claro: el problema de Rodalies no es coyuntural. Es estructural. Viene de lejos. De muy lejos.
El accidente de Gelida, con la muerte de un maquinista a consecuencia de un desprendimiento sobre la vía, debería haber marcado un antes y un después. No solo por la tragedia humana —irreparable—, sino porque pone negro sobre blanco una realidad incómoda: una infraestructura envejecida, vulnerable y mantenida bajo mínimos. Los desprendimientos no son un fenómeno extraordinario en una red ferroviaria como la catalana; son un riesgo conocido, especialmente en determinados tramos. Cuando este riesgo no se prevé ni se corrige, deja de ser mala suerte y pasa a ser responsabilidad.
Ante el colapso recurrente de Rodalies, la tentación habitual es buscar un culpable concreto: un ministro, un gobierno, una decisión reciente. Pero la verdad es menos reconfortante. El caso Rodalies se parece mucho más a Asesinato en el Orient Express, la novela de Agatha Christie. Aquí no hay un solo un culpable, sino una suma de puñaladas pequeñas, repartidas a lo largo de los años, por actores diferentes pero con un resultado común.
En Madrid, han gobernado populares y socialistas con una sorprendente continuidad… a la hora de relegar Rodalies. Siempre ha sido la hermana pobre del sistema ferroviario, eclipsada por el AVE, mucho más rentable electoralmente. Planes anunciados, inversiones prometidas, porcentajes de ejecución que no llegan nunca. El balance es conocido: vías antiguas, señalización obsoleta, taludes mal protegidos y una red tensionada hasta el límite.
Pero en Cataluña tampoco hay manos limpias. Los gobiernos catalanes —de todos los colores— han denunciado reiteradamente el déficit de inversión, pero han convivido con él durante décadas. Rodalies ha sido a menudo una bandera política, pero no siempre una prioridad efectiva.
Como en la novela de Christie, el crimen no es obra de un solo cuchillo. Es el resultado de años de presupuestos insuficientes, mantenimientos aplazados, decisiones postergadas y una peligrosa normalización del mal funcionamiento. Cada gobierno ha añadido su parte, convencido de que el problema no estallaría mientras él fuera al mando. Pero la suma de todas estas decisiones ha acabado siendo devastadora.
Lo más preocupante no es solo el caos diario —retrasos, cancelaciones, trenes parados durante horas…—, sino que todo ello se haya asumido como inevitable. Que llegar tarde forme parte del trayecto. Que los usuarios salgan de casa con margen extra «por si acaso». Que los trabajadores tengan que operar en condiciones cada vez más precarias. El accidente de Gelida demuestra que esta normalización no es solo incómoda: es peligrosa.
Y como en el Asesinato en el Orient Express, quizás la única respuesta honesta es admitir que aquí todos los sospechosos son culpables en algún grado. Gobiernos españoles que no han priorizado. Gobiernos catalanes que no han forzado lo suficiente un cambio real. Administraciones que se han pasado la responsabilidad mientras el servicio se iba degradando.
La diferencia con la ficción es que aquí no hay un detective brillante que cierre el caso con una explicación elegante. Hay un servicio público esencial dañado, una víctima mortal y millones de usuarios afectados. Y esto solo se puede reparar con inversión sostenida, mantenimiento riguroso, una cadena clara de responsabilidades y la decisión política de dejar de tratar a Rodalies como un problema secundario.
Hasta entonces, Rodalies seguirá siendo este Orient Express encallado, lleno de sospechosos, donde todos sabemos qué ha pasado… y donde hace demasiado tiempo que nadie paga por el crimen.
