El Parlamento de Cataluña ha dado luz verde este miércoles al decreto ley 23/2025, que regula las necesidades financieras del sector público en un contexto de prórroga presupuestaria. La iniciativa del Govern, defendida por la consejera de Economía, Alicia Romero, ha salido adelante con los votos favorables del PSC, ERC y los Comuns. Junts y la CUP se han abstenido, mientras que el resto de grupos han votado en contra.
El decreto habilita al Gobierno a realizar operaciones para endeudarse, dar avales y otras acciones financieras que sean necesarias para atender las necesidades públicas.
La consejera Romero ha querido destacar que se incorpora el incremento retributivo de los funcionarios para los años 2025 y 2026, así como la actualización de las pensiones. Por otro lado, sube el importe del indicador de la renta de suficiencia de Cataluña, que es de 9.622,19 euros anuales.
Sin presupuestos
El diputado de ERC Albert Salvadó ha reprochado tanto al PSC como al PSOE las dificultades para cumplir los compromisos adquiridos. Asimismo, ha vuelto a exigir la aprobación en el Congreso de la ley que permitiría a Cataluña gestionar la totalidad de los impuestos, una condición que ERC pone sobre la mesa para negociar los presupuestos catalanes a pesar de haber llegado ya a un acuerdo sobre el modelo de financiación.
Por su parte, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha afirmado que Cataluña necesita presupuestos, pero también un Gobierno que cumpla los acuerdos pendientes. En este sentido, ha advertido de que los Comunes no entrarán a negociar las cuentas hasta que el ejecutivo cumpla los compromisos de 2025 y ejecute los suplementos de crédito previstos.
El diputado de Junts Joan Canadell ha cuestionado el decreto y ha cargado especialmente contra el hecho de que el Govern todavía no haya presentado unos presupuestos.
