El caso de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha encendido todas las alarmas. No por la solidez de las denuncias —si es que tienen alguna— sino por el origen: colectivos como Hazte Oír, conocidos por su militancia ultraderechista y su vocación de generar ruido más que luz. Cuando la fuente apesta, difícilmente el resto puede hacer buen olor.
Sin embargo, la insistencia del juez Juan Carlos Peinado en sacar adelante la instrucción acaba haciendo hueco. La cacería es feroz y sesgada. Y entiendo que muchos, ante tanta presión mediática y judicial, puedan dudar. Yo mismo he dejado de poner la mano en el fuego por ningún político. Pero una cosa es la desconfianza hacia la clase política y otra es el despropósito de un sistema judicial que permite convertir sospechas en condenas anticipadas.
Si finalmente se demuestra que Gómez no tiene nada que ver con ninguna de las acusaciones y que no hay pruebas sólidas contra ella, el juez Peinado debería asumir responsabilidades. Él y tantos otros que han abusado de su poder, amparados en la impunidad que les ofrece la toga.
No es un caso aislado. En Cataluña hay suficientes ejemplos, de despropósitos o desproporciones. Recordemos, por ejemplo, a la jueza Carmen Lamela, responsable de que Sandro Rosell pasara 645 días en prisión preventiva antes de ser declarado inocente. Una de las mayores infamias recientes de la justicia española. Rosell fue indemnizado con 230.000 euros: ridículo e insultante si lo comparamos con la vida arrebatada, los negocios perdidos y el estigma social. Lamela, mientras tanto, sigue ejerciendo con toda normalidad, sin tener que rendir cuentas. ¿Dónde queda aquí la justicia?
Es igualmente grave que tribunales den credibilidad a organizaciones como Hazte Oír, altavoces de una extrema derecha que se disfraza de sociedad civil mientras practica el lawfare. Si se demuestra que Gómez ha sido víctima de esta estrategia, tampoco bastaría con archivar la causa: habría que exigir responsabilidades, exigir reparación y poner límites claros.
Rosell no es el único encarcelado preventivamente siendo inocente. Gómez no será tampoco la única víctima del lawfare, si es que se confirma el caso. La justicia española acumula demasiados episodios en los que parece actuar más como instrumento de venganza política que como garante de derechos y libertades.
La razón es que, como escribió Montesquieu, «no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia». Desgraciadamente, en España hace tiempo que conocemos este bochorno tóxico.
