Confirmada la condena a siete exdirigentes del PDeCAT de Esplugues de Llobregat a tres meses de prisión y casi 900 euros de multa por los delitos de proposición a la malversación e intento de coacciones. El PDeCAT ya no existe como formación política pues se disolvió el 28 de octubre de 2023.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso la ACN, los hechos se remontan a febrero de 2017. Entonces, dirigentes locales del PDeCAT propusieron a un concejal de la formación que transfiriera a la formación parte de la asignación que recibía el grupo municipal. La presión, según la sentencia, se hizo a pesar de saber que las dotaciones otorgadas por el Ayuntamiento a los grupos municipales no espodean destinar a fin de la aprobación del partido. En aquel momento, el Ayuntamiento pagaba 650 euros por grupo y 380 euros por cada miembro cada mes…
La sentencia también considera probado que los condenados, “con conocimiento claro de la normativa contraria a sus pretensiones”, solicitaron al concejal Albert Ribagorçana, líder del grupo municipal de su mismo partido en 2015, tener acceso a parte del dinero proveniente de las arcas públicas municipales “para sufragar las necesidades particulares o privadas del partido político PDeCAT, incluidas las de organizar una campaña electoral”. En la reunión también estaba el asesor del grupo municipal y la madre de éste, que no intervinieron.
Denuncia en Fiscalía
El regidor no accedió a la petición y puso los hechos en conocimiento de los órganos centrales del PDeCAT pocos días después de la reunión y de los juzgados de Esplugues en julio de 2017. El regidor no cedió a la amenaza de la ejecutiva y fue expulsado tnt del grupo municipal como del partido.
Ahora, la Audiencia de Barcelona ha confirmado la sentencia del juzgado de lo penal número 8 de Barcelona que ya les condenó a tres meses de prisión y de inhabilitación para cargo público local por un delito de proposición a la malversación de fondos públicos, con la atenuante de dilaciones indebidas, además de una multa de 176 euros.
Asimismo, fueron condenantes a 720 euros de multa por un delito menos grave de intento de coacciones, y a pagar conjuntamente 4.000 euros de indemnización al concejal por daños morales.
