La manifestación del 8 de octubre de 2017 en Barcelona, aquella que se organizó en repulsa del simulacro de referéndum de autodeterminación celebrado siete días antes, fue vibrante y multitudinaria: por fin, la mitad de Cataluña que había sido invisibilizada y menospreciada por el “procés”; la que vive y se expresa en castellano; la que no mira por encima del hombro a quien vive más allá del Ebro y se siente española y catalana a la vez, salía del armario identitario. Y tomaba la calle para gritar que existía y que no iba a permitir que se la pisase más. Quienes fuimos testigos de aquello, no sólo asistimos a un acto histórico, sino también al nacimiento de una esperanza: la articulación de un gran movimiento cívico y transversal, donde cupiesen ciudadanos y entidades de todas las ideologías y que sirviera de dique de contención frente a un nacionalismo que sólo entiende la lógica del Amo y el Siervo.
Tanto fue así, que un hombre de izquierdas, Carlos Jiménez Villarejo, que en su día militó en el PSUC y que se enfrentó, por razón de su cargo (Fiscal Anticorrupción), a los manejos y corruptelas del gran patriarca del nacionalismo, Jordi Pujol, leyó, junto al entonces vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Àlex Ramos, el manifiesto del acto. Y hasta intervino un socialista catalán (Josep Borrell), quien comenzó su discurso mostrando una bandera de Europa, de la que dijo que era la “única estelada” que quería para su tierra.
El próximo 8 de octubre se cumplirán ocho años de aquel acontecimiento. Sin embargo, ya nadie lo recuerda, convertido en flor de un día y sepultado bajo toneladas de olvido. Pero lo peor no ha sido eso. Lo peor ha sido asistir a la paulatina degradación de aquel espacio transversal que dio en llamarse “constitucionalismo”. Un término que pretendía expresar respeto a la Ley, por contraposición al menosprecio que le había mostrado el independentismo, pero que hoy escribo, con toda intención, entrecomillado.
Que no se entienda que entre sus militantes no hay todavía gentes honesta y de valía. Sólo que aquel gran espacio transversal, cívico, ilusionante, hoy no es más que un microcosmos conservador -y en ocasiones reaccionario-; una marca blanca de la derecha y la ultraderecha. Y donde incluso se llega a combatir al nacionalismo desde el propio nacionalismo. El progresismo es residual: apenas un par de partidos (Izquierda Española y AIREs-La Izquierda) y de entidades (ASEC-ASIC y Alternativa Ciudadana Progresista). Panorama desolador cuyo responsable, en gran parte, es la propia izquierda, por haber dejado desamparada y en el más absoluto abandono a la mitad no nacionalista de la población catalana.
Para empezar, quien se autoproclama “constitucionalista”, es decir, quien se erige en defensor y garante de la Carta Magna, ha de defenderla en toda su integridad, enteramente. Al menos, si quiere ser coherente. No es el caso de la mayor parte de este movimiento, centrado exclusivamente en el tema de la lengua (castellana) y en la unidad de la nación española. No esperen, por tanto, verles mover un dedo para reivindicar los derechos sociales recogidos en la misma Constitución que dicen defender. Hace poco tuvimos una muestra: El 23 de noviembre de 2024, una enorme manifestación recorrió las calles de Barcelona para denunciar los abusos en el precio del alquiler. Pues bien, ni una sola entidad “constitucionalista” se adhirió al acto. En relación a este tema, la única excepción que conozco es la Alianza Republicana de la Izquierda de España (AIREs-La Izquierda), que participó en la última manifestación por el derecho a la Vivienda celebrada en la ciudad condal el pasado 5 de abril.
Pero a la Constitución no sólo hay que defenderla entera: también hay que respetar su espíritu. Es intolerable que el “constitucionalismo” haya aceptado como aliado a un partido que se dice defensor de la Carta Magna, pero que en realidad violenta sus principios básicos. Me refiero a Vox, una formación que exhibe un nacionalismo tan virulento como el que pretende combatir. Y que frente a la hispanofobia nacionalista, alienta la xenofobia hacia el extranjero (pobre e inmigrante, claro). Que justifica el franquismo y que falta al respeto a las víctimas de la violencia de género. Su entrismo en el “constitucionalismo” es más que evidente, y éste parece haberlo aceptado con naturalidad, lo cual constituye un verdadero escándalo.
Ante este escenario, la pregunta obligada es: ¿Otro constitucionalismo (sin comillas) es posible?
