Junts, ERC y la CUP instan al Govern a crear un Observatorio sobre la Ley de Amnistía

El independentismo "denuncia la rebeldía de la cúpula judicial" por negarse a aplicar la norma

Bluesky
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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se dirige al hemiciclo en el debate de política general (ACN)

Junts, ERC y la CUP han pactado una propuesta de resolución en el marco del debate de política general del Parlamento que insta al Gobierno de la Generalitat a crear un Observatorio de la Ley de Amnistía y «denuncia la rebeldía de la cúpula del poder judicial» al negarse a aplicar la norma. Los tres grupos han acordado el nuevo texto a última hora, habiendo prorrogado media hora el plazo de presentación de enmiendas transaccionales.

Concretamente, el independentismo insta al Gobierno de la Generalitat a crear un Observatorio sobre la Ley de Amnistía donde participen entidades del tejido social, el objetivo del cual sería «desarrollar tareas de recopilación de todas las solicitudes y resoluciones a tribunales, seguimiento y acompañamiento de las personas represaliadas y extracción de conclusiones sobre el grado de aplicación». «Cuando hace casi cuatro meses de su aprobación, la mayoría de casos de manifestantes, políticos y cargos públicos continúan encallados mientras que todos los policías ya han sido amnistiados», denuncia el texto, que acusa a los tribunales de desobedecer la ley y continuar con «el sistema represivo».

La propuesta de resolución pactada por Junts, ERC y la CUP sustituye las que habían presentado los tres partidos por separado y empieza «constatando y denunciando la rebeldía de la cúpula del poder judicial español al no aplicar, de manera deliberada y arbitraria, la ley de amnistía». Concretamente, el texto «condena la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a los condenados y encausados por malversación en la sentencia contra el 1-O, con unos argumentos sin ningún tipo de base fáctica ni ninguna lógica jurídica», y lamenta el uso de «mecanismos dilatorios» con la presentación de cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por parte de la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) o el Tribunal de Cuentas«.

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