La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación en las Baleares y las Islas Canarias por la venta de mascarillas en el caso Koldo. Después de recibir la denuncia de una particular y recopilar información adicional de la Fiscalía Contra el Crimen Organizada y del Juzgado Central de Instrucción número 2, la oficina de la EPPO de Madrid ha decidido iniciar los procedimientos para resolver si los intereses financieros de la Unión Europea se han visto perjudicados. Según apunta el comunicado publicado este lunes por la Fiscalía Europea, el órgano ve indicios de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Tal como se detalla en el escrito, la Fiscalía Europea investigará los contratos del Servicio de Salud de las Islas Canarias y el Servicio de Salud de las Islas Baleares para el suministro de mascarillas. En el mismo comunicado, la fiscalía subraya que, si ve delitos que afectan su competencia y la información presentada es suficiente, «existe la obligación de iniciar una investigación sin demora».
Fuentes próximas a la expresidenta de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, aseguran que la compra de 3,7 millones de mascarillas a la empresa ‘Solucionas de gestión’ que hizo el ejecutivo balear cumplió todos los requisitos.
Apuntan, además, que al ver que el producto servido era de una calidad inferior al que se había encargado (KN95 / FFP2) se guardó para exigir la devolución del dinero. Las mismas fuentes subrayan que el caso es fruto de los intentos de la trama para que el gobierno balear no exigiera el retorno del dinero. Aseguran, además, que el entorno empresarial consiguió su objetivo cuando el PP y Vox entraron en el ejecutivo.
