La presidenta del Parlamento de Cataluña, Anna Erra, ha encargado un informe jurídico sobre cómo se ha aplicado el protocolo antiacoso de la cámara catalana y si se tiene que suspender mientras se somete a una eventual revisión. Fuentes de la Presidencia han explicado que así lo decidió Erra el pasado martes con el aval de la Mesa.
Después de que la Oficina de Igualdad del Parlament haya archivado una denuncia de la diputada de Junts Cristina Casol por «acoso por razón de género» a causa de la falta de pruebas, Erra cree que se han detectado carencias en el protocolo, principalmente en el ámbito de la confidencialidad. En este sentido, la presidenta del Parlamento catalán considera que todos los implicados de un caso tienen que tener garantías.
El Parlament tiene un protocolo de antiacoso desde diciembre de 2021 y se ha aplicado por primera vez a raíz de la denuncia de Casol. En el marco de la reunión de la Mesa del pasado martes, Erra propuso suspenderlo mientras se hace una revisión sobre cómo se ha aplicado, pero ERC y la CUP rechazaron frontalmente la posibilidad de dejar el protocolo en suspenso, mientras que el PSC prefiere no comentar esta cuestión.
ERC defendió que el protocolo no se tendría que parar ni dejar en suspenso porque esto supondría, según dicen, debilitar una herramienta propia del Parlamento por un caso concreto de un grupo parlamentario. Aun así, los republicanos no han cerrado la puerta a hacer modificaciones si hay aspectos que se pueden mejorar. La CUP, por su parte, se opuso rotundamente al considerar que supondría una situación de indefensión para posibles víctimas y una inacción del Parlamento. Los anticapitalistas defienden que hay que reforzar el protocolo y su capacidad de prevención, y en ningún caso dejarlo en suspenso.
