A pesar de su condena por prevaricación y falsedad en documento oficial, Laura Borràs no da la batalla por perdida. De un lado, sus abogados han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que la ha condenado a 4,5 años de prisión, 13 años de inhabilitación y 36.000 euros de multa. Por la otra, intenta que su caso sea considerado como un paradigma de lawfare y, en consecuencia, pueda ser incluido en el perímetro de la futura ley de amnistía, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.
En este sentido, dos juristas expertos en administración pública han salido en auxilio de la presidenta de Junts x Catalunya (JxCat) y expresidenta del Parlament. Se trata de David Ros, que fue interventor municipal, e Isidre Luciano, exsecretario municipal. Ambos son miembros del Colectivo Maspons y Anglasell, una entidad vinculada a la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Han hecho un informe donde aseguran que las 18 adjudicaciones que Laura Borràs hizo a su amigo Isaías Herrero se ajustaban a la legalidad vigente y que, por lo tanto, la sentencia del TSJC tiene motivaciones políticas.
