Unas 200 personas se han concentrado este sábado frente al Ayuntamiento de Ripoll para defender el derecho al empadronamiento y denunciar que el equipo de gobierno encabezado por Sílvia Orriols pone «trabas» a las solicitudes. Detrás de pancartas en las que se podía leer «No al racismo» y «No a la islamofobia», los manifestantes han proclamado que «ninguna persona es ilegal». El manifiesto que han leído durante el acto destaca que el empadronamiento «es un derecho que no se puede poner en duda ni restringir» porque es lo que permite «acceder a los servicios básicos para vivir, convivir y disfrutar de bienestar». El presidente de la comunidad musulmana Annour, Ali Yassine Yassine, afirma que en Ripoll hay familias que no tienen acceso a educación o salud a pesar de cumplir con los requisitos.
«Sinceramente, nos da igual que este gobierno se aferre al legalismo de los tres meses para resolver solicitudes de empadronamiento», recoge el manifiesto que acusa a la alcaldesa de imponer «directrices autoritarias» para «perjudicar» a personas que han tenido que emigrar de sus países: «También sabemos, y no nos sorprende, que a los fanáticos de Aliança Catalana les dé igual que mujeres, hombres y niños se encuentren en una situación de vulnerabilidad por haber huido de la guerra, la precariedad y la violencia».
La concentración, convocada por la sociedad civil, se ha llevado a cabo este sábado a las once de la mañana frente al Ayuntamiento de Ripoll y ha reunido a unas 200 personas. En las pancartas se podía leer «Ripoll antifascista y antirracista», «Los racistas a la basura» y «Derecho al empadronamiento». «Hoy, vecinos y vecinas de Ripoll nos concentramos frente al Ayuntamiento para reclamar que se respete el derecho al empadronamiento de todas las personas. Un derecho que no se puede poner en duda ni restringir», ha clamado el manifiesto.
Los manifestantes han señalado directamente a la alcaldesa de querer «atizar el odio entre vecinos» señalando y «acusando públicamente a personas migradas, pobres, jóvenes, entidades y colectivos como responsables de una supuesta decadencia cívica y moral del pueblo»: «Todo, como excusa para no rendir cuentas a la población sobre su nefasta gestión municipal que ya estamos padeciendo».
El presidente de Annour ha afirmado que el equipo de gobierno perjudica especialmente a la comunidad musulmana y subraya que tienen contabilizadas a al menos siete familias que se encuentran en una situación de «vulnerabilidad» porque no se resuelve con celeridad su solicitud de empadronamiento a pesar de cumplir con los requisitos: «Hay familias que acaban de traer a sus hijos aquí al pueblo y no pueden ir a la escuela, ni al CAP ni al hospital. No se puede hacer nada sin empadronamiento».
