La vicepresidenta primera del gobierno central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este jueves que el acuerdo entre el PSOE y Junts para el traspaso a la Generalitat de Catalunya de la gestión de las competencias en inmigración se plasmará en una ley orgánica y se hará efectivo a través del artículo 150.2 de la Constitución, que permite transferencias a los gobiernos autonómicos. «Solo hace 12 horas que hemos llegado a este acuerdo y esto lo tendremos que desarrollar a través de una ley orgánica que se tendrá que tramitar en el Congreso», ha indicado Montero, motivo por el cual ha apuntado que todavía «hay mucho que dialogar».
Montero ha recordado que esta transferencia se hará «al amparo de la Constitución» y específicamente del artículo 150.2, según el cual «el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado».
En este sentido, la vicepresidenta primera ha defendido que el traspaso de la gestión de las competencias en inmigración a la Generalitat «se hará con plena validez y garantía constitucional, como no puede ser de otra manera».
Retorno de empresas a Cataluña
En cuanto a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para impulsar el retorno en Cataluña de las empresas que se fueron en 2017, Montero ha recordado que su ejecutivo tiene que hacer cumplir de forma «escrupulosa» la legalidad, que «significa que no haya ingeniería fiscal declarando la actividad principal en un lugar y poniendo la sede social en otro». Se trata, según la ministra, de que «se vigile» y «se esté atento» porque «cuando la actividad principal de una empresa esté en un lugar, sea allí donde lleve a cabo sus obligaciones tributarias». En cualquier caso, ha indicado, se garantizará la «libre circulación de empresas».
En relación con el acuerdo para que el Estado asuma en solitario la bonificación del precio de los billetes de transporte, Montero ha afirmado que el compromiso es que el Estado no condicione la aportación de su 30% al hecho de que las comunidades se hagan cargo del 20% del precio. En cualquier caso, se ha mostrado «convencida» del hecho de que «las comunidades autónomas voluntariamente aportarán un 20% del precio del billete» restante para llegar a una bonificación del 50%.
