La Conferencia Episcopal Española (CEE) admite sentir «dolor y vergüenza» por los casos de abusos sexuales registrados en los últimos años, pero alerta de que este fenómeno no es «un problema exclusivo de la iglesia». Sin embargo, los obispos, que han publicado este jueves el informe ‘Para dar luz’, destacan que la pederastia es «un problema grave» en la vida eclesial por «la altura de la misión que le ha hecho sido confiada». «Son considerados pecados y delitos y como tal deben ser tratados», alertan. Sin embargo, avisan de que los abusos a menores afectan al conjunto de la sociedad y son un problema que todavía hoy se mantiene oculto en muchos ámbitos. «La iglesia quiere aportar su triste experiencia a la sociedad», concluye el documento, de más de 1.000 páginas.
Pese a la extensión del documento, la CEE evita dar una cifra total de posibles personas afectadas por los abusos de sacerdotes y religiosos en España. «La diversa metodología empleada en los estudios paralelos sobre el tema y el hecho de que, hasta ahora, no comparten información entre sí, hace necesario que no se ofrezcan los datos agregados de casos, ya que al transferirse los datos recogidos por los distintos informes, hace que resulte muy probable la existencia de casos que se han incorporado, dos, tres o incluso cuatro veces», argumentan.
El documento difundido este jueves por los obispos incorpora la auditoría legal de Cremades & Calvo Sotelo, encargada para ofrecer un diagnóstico independiente sobre este fenómeno. Por otro lado, adelantan que la publicación del documento no supone un «punto final» y anuncian que continuarán recogerán datos, documentos, informes. «Siempre quedará trabajo por hacer», ha resaltado la CEE en una nota de prensa en su portal web.
El documento de los obispos españoles llega dos meses después de que el Defensor del Pueblo publicase un informe sobre abusos que aseguraba, en base a una encuesta, que el 1,13% de los españoles ha sufrido abusos sexuales dentro del ámbito religioso. El organismo proponía reparar esta lacra creando un fondo estatal para el pago de compensaciones en favor de las víctimas de abusos y celebrando un acto público de «reconocimiento y reparación simbólica».
