La Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado que ha abierto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha derivado –tal como estaba previsto- en una avalancha de críticas de los presidentes del PP al mismo Aragonès y a una hipotética ley de amnistía para investir al socialista Pedro Sánchez. El primero en hacerlo –antes del inicio de la sesión- ha sido el presidente de Castilla y León, Alfonso Mañueco, que ha clamado contra la «descortesía» de Aragonès de abandonar el Senado después de hablar.
Posteriormente, también el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado que Aragonès no haya escuchado «con la misma atención y respeto» las intervenciones del resto de presidentes autonómicos. Después del discurso de Aragonès, los presidentes del PP han ido denunciando, uno tras otro, el «trato de favor» que el gobierno de Sánchez estaría dispuesto a dar a las fuerzas independentistas para alcanzar un acuerdo de investidura.
Moreno ha advertido de que la amnistía sería «un retroceso en la calidad democrática y en la igualdad entre los españoles» e implicaría «pedir perdón» a los independentistas y «decirles que nunca tendrían que haber sido detenidos, juzgados, condenados, encarcelados e inhabilitados». Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha lamentado que el gobierno de Sánchez esté dispuesto a «liquidar la España autonómica» en una «subasta» con las fuerzas independentistas «a cambio de cálculos a corto plazo».
Tanto Rueda como Moreno han denunciado también un supuesto acuerdo entre el PSOE y las fuerzas independentistas en materia de financiación autonómica. «Detrás de las cesiones a los partidos independentistas está la ruptura de la igualdad en los españoles y la consagración de ciudadanos de primera y de segunda», ha dicho Moreno. «La reforma del sistema se tiene que negociar en el consejo de política fiscal y financiera con claridad y transparencia, y no en un despacho oscuro de Waterloo», ha concluido el presidente andaluz.
El PP ha mantenido el guion diseñado cuando aprovechó su mayoría absoluta en la cámara alta para convocar esta Comisión con el objetivo de «debatir sobre la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley», en referencia a la todavía hipotética ley de amnistía. El PSOE y el gobierno central en funciones ya avanzaron que no participarían en lo que consideran una «instrumentalización» del Senado en la estrategia de la «crispación» del PP.
