Como se veía venir, el juez del caso Negreira ha puesto al Barça y al resto de los investigados contra las cuerdas elevando la acusación a un posible delito de continuado de soborno en base a que “los pagos realizados por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira satisfacían los intereses del club (…). Se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el FC Barcelona”. El auto también sostiene que el Barça pagó a Negreira «por el cargo que desempeñaba como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA)», además de considerar «inadmisible» que un vicepresidente del CTA, como hizo Negreira, «asesore a un equipo concreto de Primera División y que realizó tal asesoramiento en atención a las cantidades que le pagaba anualmente el FC Barcelona».
La papeleta para la defensa del caso es considerable, ya que en este nuevo escenario la acusación no necesita demostrar un hecho concreto de compra o de arreglo de partidos, sino solamente la intención de influir mediante algún mecanismo o persona en la conducta arbitral, incluso sin que ese supuesto hubiera significado un beneficio para el club. El juez se aferra a una conducta delictiva por el pago continuado de elevadas cantidades que cesaron coincidiendo con su cese, concluyendo que se le retribuía “por el cargo que desempeñaba” y que entraba en sus funciones la confección de las listas de árbitros que ascendían y descendían de categoría o promocionaban como colegiados internacionales.
Desde la junta, se ha filtrado inmediatamente su tranquilidad ante ese incremento de la dimensión del delito, como siempre bajo el argumento de que el Barça no ha comprado árbitros ni partidos, precisamente un hecho que el propio magistrado ha asumido como no probado, ni probable de forma aislada. La investigación se está completando hoy mismo con un registro en la sede arbitral de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en concreto a la búsqueda de las actas de las reuniones en las que participó Negreira para determinar cuál era su capacidad de influencia en la designación y promoción de los árbitros.
El juez no se cree que la asesoría fuera tan cara y exclusivamente deportiva y ya ha dejado claro que sospecha de la existencia de una trama sistémica de corrupción. Ni en el club, ni tampoco en los investigados, se detecta preocupación alguna ante la imputación de un delito mayor ni por la velocidad con la que avanza la instrucción que también contradice la convicción mediática de que bajo las órdenes del juez Joaquín Aguirre la instrucción será muy lenta y va para largo. Los hechos corroboran lo contrario.
