Fuentes del PP han avanzado este miércoles que el partido utilizará «todos los instrumentos a su alcance» para frenar el uso del catalán, el vasco y el gallego en el Congreso. Los populares no descartan ninguna vía, tampoco la judicial, para evitar «una vulneración de los derechos de los diputados». «Más allá de que tengamos que entendernos con traductores cuando tenemos una lengua común que es el castellano», dicen, la reforma «rompe el consenso» de la cámara. La formación también ha criticado que se puedan utilizar las lenguas cooficiales ya en el pleno de la próxima semana, donde previsiblemente se aprobará la reforma del Reglamento para hacer posible el nuevo sistema, y han alertado de que la contratación expreso de traductores puede suponer una vulneración de la ley de contratación administrativa.
Este miércoles el PP ha votado en contra de la calificación de la reforma del reglamento del Congreso que debe establecer el derecho de los diputados a utilizar las lenguas cooficiales, así como contra el acuerdo de la Mesa para permitir que ya se puedan expresar en estas lenguas en el próximo pleno del día 19. Además, el partido cree que la reforma debería ir acompañada de un informe jurídico, y argumenta que la reforma del Reglamento «es de dudosa constitucionalidad» porque «la doctrina del Tribunal Constitucional dice que estas lenguas sólo son oficiales en su ámbito territorial».
En este marco, los populares acusan a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de haber alterado «las reglas de juego» y de haber roto su compromiso de buscar «el consenso» de todos los grupos parlamentarios para permitir que se pueda hablar en las lenguas cooficiales. Su decisión, añaden, se corresponde con el «giro copernicano» del PSOE en esta cuestión, porque los socialistas se opusieron frontalmente a las iniciativas por el uso de estas lenguas durante la pasada legislatura. La reforma, dicen, «no es prioritaria» ni se corresponde con las «urgencias y prisas» de la sociedad española.
Asimismo, la contratación de traductores por este pleno, según el PP, tendrá «consecuencias económicas» por la cámara. «No permitiremos que la excepcionalidad del acuerdo se salte la ley de contratación administrativa», porque «si contratan de forma extraordinaria para un pleno lo harán en cada pleno», y «haremos uso de las acciones que estén a nuestro alcance para salvar al buen gobierno de esta casa», han concluido.
