Plataforma per la Llengua ha entrado en la campaña electoral del 23 de julio difundiendo un comunicado según el cual el gobierno español nunca ha pedido que el catalán sea oficial en Europa. Este comunicado fue reproducido y difundido por TV3 y todos los medios de la Brunete mediática independentista el pasado sábado. Sin embargo, la realidad es que el gobierno español, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, envió un memorando al Consejo de la Unión Europea, que fue presentado el 13 de diciembre de 2004 en el que se pedía el “reconocimiento oficial en la Unión Europea de todas las lenguas con carácter oficial en España”.
Ni TV3 ni ninguno de los medios independentistas que dieron a conocer la nota de la Plataforma per la Llengua mencionaron este Memorando. El Memorando explicaba que “la Constitución española, en su artículo 3, reconoce que las lenguas españolas distintas del castellano serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos” y especificaba que “se trata de lenguas vivas en el sentido más pleno de la expresión, que son ampliamente utilizadas por varios millones de ciudadanos (una cuarta parte de los españoles las utiliza con regularidad en su vida cotidiana) y tienen la condición de lenguas oficiales de las administraciones públicas (estatal, autonómica y local) en sus relaciones entre sí y con los particulares, con plena validez y efectos jurídicos. Constituyen, asimismo, la lengua vehicular de enseñanza en las escuelas y universidades de buena parte del territorio nacional. Son lenguas, además, que cuentan con una gran tradición literaria, que está conociendo en las últimas décadas momentos de particular esplendor. Son lenguas, por último, de uso habitual en los medios de comunicación, como la radio, la televisión o la prensa escrita”.
También destacaba que “las lenguas maternas, en tanto que vías de expresión de pensamientos y emociones desde la infancia, son sin duda uno de los factores esenciales que contribuyen a definir la identidad de los seres humanos. A su vez, la posibilidad de utilizar estas lenguas en los contactos con las instituciones es un importante factor que contribuye a fortalecer la identificación de las personas, de los ciudadanos, con un determinado proyecto político”.
En base a esta realidad, el gobierno español consideraba que “la Unión Europea no puede permanecer ajena a esa realidad. En esta nueva etapa de la construcción europea, que simboliza el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, es necesario acercar Europa y sus instituciones a los ciudadanos: los hombres y mujeres de Europa deben sentirse parte del proceso de integración”. Y la propuesta concreta que hacía era que “partiendo de estas consideraciones, el Gobierno solicita el reconocimiento oficial en la Unión Europea de las lenguas españolas distintas del castellano que cuentan con estatuto oficial en España”.
Las modificaciones que reclamaba el gobierno de Zapatero en las normas europeas vigentes incluían que se acepte “el uso indistinto por los ciudadanos de cualquiera de las lenguas que tienen carácter oficial en España, en las comunicaciones escritas con las instituciones (Parlamento Europeo, Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia)” y “la facultad de utilizar estas lenguas, previa petición formulada con antelación razonable, en las intervenciones orales en las sesiones plenarias del Parlamento Europeo y del Comité de las Regiones y, en su caso, en las sesiones ministeriales formales del Consejo (en particular cuando forme parte de la delegación española un representante de las comunidades autónomas)”.
Asimismo, el Memorando reivindicaba que “las lenguas mencionadas deben incorporarse plenamente al Programa Lingua de la Unión, en pie de igualdad con las demás lenguas europeas cuyo uso y enseñanza promueve actualmente el Programa, no todas ellas, por otra parte, reconocidas hoy con estatuto de lengua oficial en el seno de la Unión Europea” y asumía que el Gobierno español se haría cargo de los gastos económicos que comportara la ejecución de las propuestas planteadas.
Plataforma per la Llengua ha basado su falsa denuncia en una respuesta administrativa del Consejo de la Unión a una pregunta formulada el 2 de febrero por el eurodiputado del Sinn Fein irlandés Chris MacManus sobre si algún país ha pedido la inclusión del galés, el catalán, el bretón o el corso como lenguas oficiales de la Unión Europea. En la respuesta, remitida hace más de tres meses al eurodiputado irlandés, se afirmaba que nadie lo ha hecho pero se recordaba la presentación del Memorando del gobierno español y que “el 23 de noviembre de 2005 entró en vigor un acuerdo administrativo entre el Reino de España y el Consejo de la Unión Europea que permite el uso oficial en el Consejo de lenguas distintas del castellano (español) reconocidas por la Constitución española”.
