La Plataforma per la Llengua convocó una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas el pasado día 8 de mayo para anunciar que había presentado una denuncia ante la justicia belga porque los teléfonos móviles de cinco de sus socios habían sido infectados con el malware Pegasus por el Estado español. No presentaron ninguna evidencia de su acusación ni siquiera dieron los nombres de las personas que justificaban que la denuncia se presentara en Bélgica. En la rueda de prensa participaron el presidente de la entidad, Òscar Escuer, y su directora, Rut Carandell, y el abogado Josep Jover, presidente emérito de Aspertic, Asociación Mediterránea de Peritos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Escuer y Carandell aseguraron que sus teléfonos móviles habían sido infectados y que los de otros tres miembros de la asociación, que residen en Bélgica, también fueron atacados con algún programa malicioso: Pegasus, Predator o algún otro que no precisaron. La residencia en Bélgica de estas tres personas es la que justificaría que la denuncia se presentara ante la judicatura de ese país. Que el juez de instrucción del tribunal de primera instancia de Bruselas, Olivier Anciaux, aceptara a trámite la denuncia fue el motivo aducido para convocar a los periodistas, aunque no se les entregó su texto.
Los portavoces de la Plataforma per la Llengua encargaron a Aspertic que monitorizara los teléfonos móviles de sus directivos porque, según explicaron, el pasado verano tuvieron sospechas de que eran espiados. Estas sospechas llegaron tres meses después de que el colectivo canadiense Citizen Lab publicara el informe que bautizó como CatalanGate según el cual los teléfonos de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya habían sido espiados con el programa Pegasus. Aquel informe ha sido criticado por carencia de rigor científico y porque sus autores se niegan a que sea comprobado por un grupo de expertos independientes pero tenía unos autores y unas supuestas víctimas. El de la Plataforma per la Llengua no tiene ni lo uno ni lo otro.
Sólo un medio, elmon.cat, ha afirmado que dispone del texto de la denuncia pero en el artículo que lo ha difundido no ha hecho constar ni los nombres de las supuestas víctimas residentes en Bélgica ni el nombre del autor del peritaje. Josep Jover, presidente de la asociación al que se le ha encargado, ya realizó un informe sobre el programa Pegasus para un grupo de eurodiputados, en septiembre del año pasado. Jover vive en Barcelona pero viaja a menudo a Bruselas, donde ha promovido la aprobación de una directiva que permita la denuncia de delitos de corrupción en la Unión Europea. Mantiene buenas relaciones con el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, con quien se ha fotografiado en Bélgica, y ha realizado diversas incursiones en el ámbito de la política formando parte de la candidatura de la CUP a las elecciones municipales de Barcelona en 2015 o militando en Pirates de Catalunya. Jover niega, sin embargo, que haya sido él quien ha hecho el peritaje de los teléfonos.
Un juez belga dio la razón a Plataforma per la Llengua cuando esta entidad acusó al digital El Confidencial de difamarla por unos artículos en los que se le acusaba de desviar dinero para financiar los gastos de Puigdemont y otros independentistas huidos a Bélgica. Ahora vuelve a probar fortuna acusando al Estado español de un espionaje del que sólo ha aportado como prueba, según afirmaron en la rueda de prensa, que el peritaje efectuado en cinco teléfonos móviles ha detectado que a alguno de ellos se le intentó infectar desde una línea telefónica con prefijo de España. Los denunciantes se negaron a decir a los periodistas cuál era ese número de teléfono. Descubrir quién es su propietario no exige evidentemente movilizar a la judicatura belga.
Citizen Lab considera que Carles Puigdemont fue víctima indirecto del espionaje con Pegasus porque los teléfonos de su esposa, Marcela Topor, y de gente de su entorno fueron infectados, según su CatalanGate. Puigdemont, sin embargo, no puede denunciar a España a la justicia belga porque no hay constancia de que su teléfono fuera infectado. Jover y la Plataforma per la Llengua lo han hecho por él.
