La UE ha pagado 53,5 millones de euros a más de 300 funcionarios que no trabajan allí

Los extrabajadores reciben 8.227 euros al mes de media, pero algunos alcanzan los 20.000

Imatge del Ple d'Estrasburg
Imatge del Ple d'Estrasburg durant la votació d'una de les resolucions

La Unión Europea ha pagado 53,5 millones de euros desde 2015 a un total de 309 funcionarios que ya no trabajan en las instituciones europeas. Los ex trabajadores reciben 8.227 euros al mes de media, aunque algunos alcanzan los 20.000 euros mensuales, según publica este lunes el diario ARA, después de haber hecho una petición de transparencia a los órganos comunitarios.

La institución que cuenta con más beneficiados es la Comisión Europea, que en los últimos ocho años ha destinado 31 millones de euros a 174 empleados. A continuación aparece el Parlamento Europeo, con un gasto de 9,2 millones de euros para 58 funcionarios, mientras que el Consejo de la Unión Europea ha invertido 7,1 millones de euros en un total de 36 trabajadores.

La mayor parte de los beneficiados -hasta 177- son asistentes, que desde 2015 han recibido 22,1 millones de euros y una media de 6.171 euros al mes. Los restantes 132 trabajadores son administradores, que han percibido 10.984 euros mensuales de media y han sumado un gasto total de 31,5 millones de euros a las instituciones.

Según detallaron fuentes comunitarias al diario, la figura con la que se bautiza esta beneficencia es la de «excedencia por interés de servicio«. La UE niega que sea equiparable a una prejubilación. Puede acogerse personal que, como muy pronto, le queden cinco años para llegar a la edad de jubilación y que hayan prestado servicios a las instituciones europeas durante al menos diez años.

Las mismas fuentes comunitarias aseguran que el motivo principal por el que existe este colectivo es «la rápida implementación de las nuevas tecnologías» y las «dificultades» que tienen algunos funcionarios para «adaptarse a un entorno sin papel y totalmente digitalizado en un plazo oportuno adecuado». Es decir, que cuando la institución cree que formar a un empleado con pocos años laboral en un entorno modernizado requiere «una inversión desproporcionada», opta por prescindir del trabajador pero manteniéndole el sueldo. Asimismo, se le sustituye por otro empleado con las competencias necesarias.

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