La deuda energética acumulada por las familias más vulnerables continúa creciendo y todavía no existe ningún mecanismo para hacerle frente. El convenio firmado entre la Generalitat y Endesa el marzo del 2021 preveía la creación de un Fondo de Atención Social que tenía que resolver esta cuestión, pero, casi dos años después, no se ha hecho nada.
Si bien es cierto que legalmente no se puede cortar el suministro energético a ningún hogar vulnerable por impago, el miedo de acumular una gran factura provoca que “las familias vulnerables hagan un consumo por debajo del que sería digno o bien por debajo de lo que sería necesario para tener una confortabilidad en el hogar”, según explica el portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, Josep Babot, en declaraciones al EL TRIANGLE. “Esto se da porque a pesar de que no se puede cortar el suministro, la cuestión de la deuda sigue allí. Hay hogares que son muy poco eficientes a nivel energético, y las familias tienen que hacer frente a facturas de entre 150 y 200 euros durante los meses fríos. Está creciendo el número de hogares que no se pueden mantener de forma adecuada, y esto ha empeorado en los últimos años. La última cifra es del 2021, y ya se eleva al 15,9% en Cataluña”. En los últimos cuatro años, casi se ha duplicado el número de hogares en Cataluña con esta problemática, que ha pasado del 8,8% en 2018 al 15,9% en 2021.
Según el informe de indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que publica anualmente el Ministerio para la Transición Energética, las medidas de urgencia adoptadas por el Estado, como prorrogar la moratoria de cortes en los suministros básicos de agua, luz y gas hasta diciembre del 2023 o bien la ampliación de los porcentajes de descuentos del bono social a las facturas de los consumidores vulnerables han dado buenos resultados, pero todavía hay retos pendientes. Según el mismo informe, “los datos analizados sugieren la necesidad de continuar trabajando en medidas orientadas a proteger los hogares que se encuentran en situación de pobreza energética”. En cuanto a los perfiles sociales más afectados por esta carencia de temperatura adecuada al hogar, destacan las familias vulnerables en que la persona principal está parada; solo hay un adulto con menores a cargo dependientes económicamente; y tienen un alquiler de precio reducido. El hecho de vivir en hogares con un aislamiento energético deficiente o sin calefacción también es un elemento que impide preservar una temperatura óptima en el domicilio, tanto en invierno como el verano.
Desde la Alianza contra la Pobreza Energética, las prioridades de actuación están claras. El convenio firmado por la Generalitat y Endesa se tiene que desplegar en el periodo con 3.104 millones de euros de beneficio. Con estas cifras, es inaceptable que sigan esquivando la firma de convenios, de acuerdo con el que establece la Ley 24/2015”.
A escala estatal, la Alianza contra la Pobreza Energética pide que la moratoria de cortes en los suministros básicos sea indefinida, y que la aplicación del bono social sea automática, como ha hecho el gobierno de Portugal. Josep Babot concreta que la carencia de publicidad, la desinformación y la falta de empoderamiento de las familias provoca que haya baja demanda del bono social, a pesar de las mejoras introducidas. Para Babot, “la excesiva burocratización hace que pocas familias se apunten. Son mecanismos positivos, pero no llegan a quién tendría que llegar. Por eso, el bono social tendría que ser automático y aplicado directamente a la factura. En Portugal se ha hecho, y el número de beneficiarios ha crecido de forma exponencial”. La Alianza ha trasladado esta petición al Ministerio para la Transición Ecológica, pero “solo se ha mejorado el sistema de renovación, que ahora ya es casi perpetuo”.
Como petición para la Generalitat, la Alianza alerta que Cataluña es uno de los territorios con menos bono social y reclama una campaña informativa y más puntos de tramitación.
