La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, ha puesto en marcha el procedimiento para revisar la sentencia del 1-O ahora que ha entrado en vigor la reforma del Código Penal, y ha dado un plazo de ocho días a las acusaciones y a las defensas de los condenados para que se pronuncien sobre los efectos que consideran que la reforma penal tendría que tener en las sentencias por el ‘procés’.
Los expresos de ERC ya han anunciado que pedirán la absolución de acuerdo con la nueva ley, mientras que los de Junts prefieren esperar a que el alto tribunal se pronuncie. En cuanto al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y al exlíder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, esperarán a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
La Fiscalía está estudiando su postura, y tanto las partes como los magistrados de la sala tendrán en cuenta la interlocutoria del juez Pablo Llarena, que ha retirado la acusación por sedición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y ha descartado atribuirle la presunta comisión del delito de desórdenes públicos agraviados.