La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre los programas espía como Pegasus refleja, en el borrador de su informe conocido este martes, que el marco legal de España sobre espionaje tiene “lagunas” en lo que se refiere al seguimiento de personas y permite que el CNI trabaje con falta de transparencia.
El texto, que será objeto de enmiendas antes de que se vote en la comisión y el pleno, ya en marzo de 2023, ve acreditado el espionaje a 65 figuras vinculadas con el independentismo catalán, señalado por el centro Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, según publica Europa Press.
El borrador elaborado por esta comisión localiza «una gran laguna» en «la naturaleza retroactiva del ciberespionaje», si bien admite que el marco legal de España da una «consideración significativa» al permiso previo judicial sobre los seguimientos. En cuanto a las garantías legales, el texto señala que «corren el riesgo de quedar obsoletas y no brindar a los ciudadanos una protección suficiente».
El CNI, la agencia de inteligencia española a la que el independentismo acusa de usar Pegasus, no consta, en cambio, señalada como responsable de los seguimientos. Sin embargo, el borrador del informe destaca que actúa opacamente, al indicar que «gran parte del trabajo del CNI se mantiene en secreto y carece de transparencia».
De hecho, refleja que la Constitución española no permite el acceso a documentos o información de los servicios de inteligencia, y que la ley de secretos oficiales de 1968 está “en gran medida anticuada” porque no establece el plazo de vigencia de un secreto.
Por otra parte, recomienda como necesaria una definición de seguridad nacional común a todos los Estados miembros de la Unión Europea, y una clara delimitación de la aplicación de este régimen legal especial.
