La consejera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, se encuentra a un paso de ser juzgada por desobediencia grave por su papel en la organización de la votación del 1 de octubre de 2017, como directora de Servicios del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, que encabezaba Oriol Junqueras.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha cerrado el sumario en el que Garriga consta como investigada por su supuesta intervención en la habilitación como punto de votación de una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat.
En concreto, se atribuye a la consejera de Cultura la firma de una adjudicación de obras en aquella nave y, además, el haber logrado la cesión de varias naves industriales para almacenar material del 1-O y gestiones sobre el portal referendum.cat.
En esta causa también se investiga a los altos cargos de Economía y Hacienda, y diputados de ERC, Josep María Jové y Lluís Salvadó, por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos.
El nombramiento de Garriga como consejera hizo que la investigación que la afecta, que inicialmente era por malversación en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, se trasladara al TSJC con las de Jové y Salvador, que también son aforados por sus cargos públicos.
