El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha descartado que la Generalitat de Cataluña pueda personarse en el caso Pegasus para ejercer la acusación popular, ya que «no hay habilitación legislativa general» para que la puedan ejercer «personas jurídicas públicas”. En concreto, el auto conocido este miércoles indica que «el sistema general de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite inferir» que la Generalitat pueda ejercerla.
De hecho, añade que este papel en el proceso penal corresponde a la Fiscalía y señala que, de aceptarse la petición en este sentido formulada por el gobierno catalán, los derechos de los acusados podrían sufrir una afectación grave por el hecho de afrontar las acusaciones de dos entidades públicas que «no son ofendidas por el delito y defienden intereses similares».
En cuanto a los argumentos presentados por la Generalitat, descarta los que se basan en el redactado del Estatuto de Autonomía, argumentando que son “referencias genéricas a los mandatos de los poderes públicos de promover el pleno ejercicio de libertades y derechos”, y, sobre los que esgrimen la ley catalana sobre delitos de odio, concluye que esta norma no corresponde a los delitos de este caso.
