Desalojada la Casa África con un macrodispositivo de los Mossos

Una treintena de personas, en su mayoría migrantes sin papeles, han tenido que abandonar el inmueble situado en el barrio Gòtic de Barcelona

Macrodispositivo policial para ejecutar el desahucio de la Casa África
Macrodispositivo policial para ejecutar el desahucio de la Casa África

Un gran dispositivo de los Mossos d’Esquadra formado por una decena de furgonetas de antidisturbios ha llevado a cabo este miércoles por la mañana el desalojo de la Casa África, la finca ubicada en la calle Canuda de Barcelona, ​​en el barrio Gòtic, donde, hasta la fecha, vivían una treintena de migrantes, la mayoría sin papeles. Para evitarlo, una veintena de vecinos se ha concentrado a las puertas del inmueble, pero los Mossos les han ido sacando uno por uno y los han identificado, bajo la amenaza de denunciarlos aplicando la ley Mordaza.

Finalmente, el desalojo se ha llevado a cabo y la treintena de personas desahuciadas se han quedado en la calle sin ninguna alternativa habitacional, según ha asegurado la plataforma Resistim al Gòtic. Los manifestantes presentes han gritado consignas contra la propiedad del inmueble, la Escuela de Hostelería y Turismo CETT, adherida a la Universidad de Barcelona, ​​y han acusado al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat de diferenciar entre «refugiados de primera y de segunda».

El primer lanzamiento estaba previsto en noviembre, pero finalmente se aplazó por la apertura de un proceso de negociación entre la propiedad y el consistorio. El Ayuntamiento, sin embargo, rechazó adquirir la finca y, según ha explicado la abogada que representa a los ocupantes de la Casa África, Sònia Olivella, el CETT «se negó» a llegar a un acuerdo. Por su parte, el concejal del distrito de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha acusado a la propiedad de «insensibilidad» y «rigidez» y le ha reprochado que se siga «negando a detener este desahucio» y que traspase «toda la responsabilidad al Ayuntamiento, como si no fueran quienes demandan su ejecución».

Entre la treintena de personas desalojadas, las cuales el propio consistorio ha reconocido que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, hay dos familias y un grupo de jóvenes que denuncian que no tienen ningún otro lugar donde vivir. El Ayuntamiento, sin embargo, asegura que «todos y todas las desahuciadas serán atendidas por algún servicio municipal».

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