El propietario del macroprostíbulo Paradise, acusado de defraudar 21,6 millones a Hacienda

El propietario del macroprostíbulo Paradise de La Jonquera, José Moreno, está acusado de haber defraudado presuntamente 21,6 millones de euros a Hacienda en concepto de cuotas tributarias no ingresadas, IVA, impuesto de sociedades e IRPF. Según ha avanzado el Diari de Girona, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama también quiere sentarse en el banquillo de los acusados ​​Simón Moruny, el hombre de confianza de Moreno, y otras 32 personas que formarían parte de un entramado creado por ocultar los beneficios obtenidos con múltiples prostíbulos de toda España. El juez calcula que habrían defraudado más de 111 millones de euros.

En cuanto a los clubs vinculados a Moreno de la provincia de Girona, el magistrado ha encontrado varios indicios de la falsificación de sus cuentas: señala que «la puesta en marcha del club Paradise (2010) no se corresponde con la capacidad económica declarada» por el acusado y sus sociedades, y que «las cifras de ingresos en las cuentas bancarias de Vimetera SL (la sociedad titular del Paradise) son considerablemente mayores que los ingresos declarados». El juez también hace referencia a los documentos de los asesores de Moreno donde «presentan a su cliente varias opciones de declaración ‘a la carta'», e indica que los ingresos recibidos en cuentas de sociedades auxiliares a través de tarjetas de débito y de crédito «implican cifras de ingresos muy superiores a las declaradas». El magistrado Calama apunta a que la actividad real de las trabajadoras de los prostíbulos no se ajusta a la realidad y asegura que Moreno «ha colocado parte de su fortuna en activos inmobiliarios en Colombia».

El empresario gerundense compartía con el resto de propietarios de prostíbulos acusados ​​ciertos intereses en la empresa Larratruk SL, la cual utilizaban para cobrar los importes de los datáfonos instalados en sus clubs, de modo que en la cuenta bancaria de los clientes aparecía el nombre de esa sociedad. El juez asegura que el uso de esta sociedad respondía al propósito de ocultar el verdadero destinatario de los pagos efectuados.