La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pide investigar a la exconsejera de Salud, Alba Vergés, y al ex director del Servicio Catalán de la Salud, Adrià Comella, por el retraso en la vacunación de los agentes de la Guardia Civil y la policía española destinados en Cataluña. Concretamente, les acusa de delitos como prevaricación, contra los derechos de los trabajadores y de odio.
Lo denunció la Unión de Oficiales de la Guardia Civil al considerar que ambos cuerpos estatales sufrieron una discriminación respecto a los Mossos d’Esquadra y las policías locales. Y la Fiscalía les da la razón en todo.
Lo cierto es que la vacunación de sus agentes comenzó más tarde, según dijo desde el primer momento Salut por motivos logísticos, y que justo cuando comenzó la vacunación a policías y guardias civiles el gobierno español cambió los criterios y prohibió la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años.
Vergés ha defendido que se vacunó «a todo el mundo». Es su respuesta a la fiscalía, que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que la investigue por no vacunar antes a policías españoles y guardias civiles.
En un mensaje en Twitter, la exconsellera de Salut cree que la petición de la fiscalía es «absurda». Lamenta, dice, que se destinen «tiempo y recursos» donde no hay «problemas».
