Bartomeu, víctima de su negativa a financiar el independentismo

El diario ‘El Mundo’ ha revelado que el presidente del Barça se negó a pagar a empleados y a empresas fantasmas del entorno de Puigdemont y a abonar la multa de 2,6 millones de Artur Mas

Josep Maria Bartomeu

El día 7 de mayo de 2019 el Barça cayó en Liverpool en el choque de vuelta de las semifinales de la Champions League por 4-0 en el único partido que perdió aquella temporada en la máxima competición europea. A los pocos días perdió otro partido, solo uno de esa competición (1-0) ante el Valencia en la final de Copa. Antes había ganado la Liga sin cosechar una sola derrota a lo largo del Campeonato. Estadísticamente, un balance de curso sin discusión, extraordinario, pero sin Triplete, a un partido de conseguir otra Champions y sin acierto en la final de la Copa.

Para el soberanismo catalán, sin embargo, aquellas dos únicas derrotas en todo el año se convirtieron en el relato de una temporada frustrante, vacía, de impotencia e impropia de la categoría y excelencia del FC Barcelona. 

Hoy se sabe que allí empezó el principio del fin de Josep Maria Bartomeu como presidente del Barça, como consecuencia de una gran operación de venganza del aparato del Govern de la Generalitat, comandado por Carles Puigdemont, contra el eje Rosell-Bartomeu, en castigo y represalia a sus posiciones de negarse a financiar con el dinero de los socios las necesidades políticas del independentismo.

Era una cuenta pendiente, como explicó ayer el diario El Mundo, en una primera entrega de la investigación sobre los chantajes, presiones y extorsiones contra Bartomeu para que el Barça se convirtiera en el brazo mediático internacional del soberanismo pero que, sobre todo, sufragara una parte de los gastos del equipo de Puigdemont en el exilio y otras necesidades, como la multa impuesta a Artur Mas por su liderazgo y participación en el primer intento de referéndum.

La negativa de Josep Maria Bartomeu a desviar fondos del club para estos fines propició que la relación se deteriorara y que, a partir de esa fricción, el presidente del Barça fuera objeto de un largo y calculado proceso de deterioro de su imagen y de su prestigio, que culminó en otoño de 2020 con un voto de censura en el que tuvo mucho que ver y que decir el propio Govern de la Generalitat, obligándole a abrir las puertas del Camp Nou y las urnas en lo peor de la pandemia, habiendo prohibido el propio Govern la movilidad entre municipios y la propia interacción social.

“Líderes independentistas exigieron al FC Barcelona la contratación de empleados ficticios con sueldos de altos ejecutivos y empresas de seguridad de nacionalidad israelí para financiar y dar servicio al procés poco antes del 1-O. Colaboradores directos del ex-presidente catalán Carles Puigdemont solicitaron en media decena de reuniones personales a la directiva del Barça, que presidía Josep Maria Bartomeu, que el club azulgrana desviara fondos de la entidad para sufragar una parte de los gastos derivados del proceso independentista. A su vez, reclamaron 2,6 millones para pagar la fianza de Artur Mas por el 9-N. El Mundo ha accedido a los detalles concretos de estas exigencias, que fueron rechazadas de plano y abrieron una brecha entre los dirigentes separatistas y la antigua directiva del club, que se posicionó a favor del derecho a decidir pero que no accedió a desviar fondos de las arcas de la entidad”. Este es el resumen de la información sobre el castigo del independentismo contra la figura de Bartomeu.

En esta historia, donde nada es casual ni gratuito, en el verano de 2015 Jordi Sànchez, al frente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, entonces vicepresidente de Òmnium Cultural, fracasan en su intento, entre ingenuo y malévolo, que el independentista Laporta y Agustí Benedito integraran una candidatura en contra de Bartomeu. Una maniobra reveladora del interés del independentismo, por aquel entonces pétreo y no segmentado, que se aceleró hacia el referéndum con la llegada de Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat. 

Las revelaciones de El Mundo citan “fuentes conocedoras de los hechos de manera directa y del material contenido en los dispositivos electrónicos intervenidos por los Mossos d’Esquadra a ex-ejecutivos del Barcelona e incorporados al sumario del Barçagate, en el que se investiga la contratación de una empresa para monitorizar las redes sociales”. 

De acuerdo a esta información, “las exigencias de los líderes del procés, siempre desde el entorno de Puigdemont, no desde ERC, son de todo tipo, pero revisten especial gravedad las de índole económico al querer convertir al club azulgrana en una caja financiadora del independentismo. Bartomeu se negó a todas y posicionó a la institución en el derecho a decidir”. 

Desde el entorno de la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas se hizo  llegar una petición a la mesa del presidente azulgrana “para contratar a cuatro personas cuya identidad sería facilitada al club, remuneradas con salarios de ejecutivos. «Querían entre 100.000 y 120.000 euros por cabeza», dice una de las fuentes conocedoras de aquella conversación. Estos empleados serían ficticios: pasarían a incorporarse a la plantilla del club, pero no prestarían ningún servicio ni estarían presentes en sus oficinas”. 

Receloso, Bartomeu respondió que, si eso es así y es una pretensión de Puigdemont, que sea el propio president el que se lo pidiera, dejando muy claro que bajo su presidencia, el Barça estaría a favor del ‘derecho a decidir’ y de la libertad de expresión además de favorecer cualquier iniciativa de país, siempre velando por el interés de todos los socios.

Al poco tiempo la propuesta se transformó en empresas que facturarían al Barça por trabajos al servicio de la causa independentista, simulando que habían realizado servicios para la entidad. Tampoco hubo aceptación por parte de la directiva de Bartomeu que, en todo caso, puntualizó que antes habría que realizar un concurso, una opción descartada por el propio aparato soberanista. 

Luego fueron ofrecidas, con el mismo sistema, empresas israelitas especializadas en servicios de seguridad y de desarrollo de software, espionaje básicamente, con facturas a cargo del Barça y servicios al entorno político del independentismo.

Finalmente, en esta entrega periodística causa asombró la petición dirigida a Bartomeu de 2,6 millones para sufragar la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas a Artur Mas, ex-presidente de la Generalitat, y a sus ex-consejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, por la utilización de fondos públicos para organizar la consulta ilegal del 9-N, en 2014. 

Bartomeu rechazó de plano los argumentos de “patriotismo” esgrimido por un alto cargo del Parlament de Catalunya. En todo caso, respondió el presidente, “lo puedo plantear en la próxima asamblea de compromisarios”. El presidente azulgrana no se apartó un milímetro de su apoyo formal al espíritu ciudadano, condenando la aplicación del 155 y posicionando al Barça a favor de la libertad de los políticos que entraron en prisión. 

Nada de eso fue suficiente, pues además los aliados de ese independentismo tan acostumbrado al impuesto revolucionario en todos los ámbitos, también en el empresarial, como el vicepresidente institucional, Carles Vilarrubí, intentaron forzar la aceptación de Bartomeu a todas estas exigencias como algo normal, lógico y responsable.

Todo saltó por los aires el 1-O, cuando la presión se volvió asfixiante para que el Barça suspendiera el partido de Liga contra el Las Palmas, que se saldó con la definitiva cruz y raya del Govern contra Bartomeu y la dimisión de dos directivos, Carles Vilarrubí y Jordi Monès.

Luego sobrevinieron las campañas absolutamente descaradas y visibles, principalmente a través de las redes sociales y de los grandes medios de comunicación, con TV3 a la cabeza, para oscurecer y ensuciar toda la gestión de Bartomeu hasta conseguir su dimisión con la participación de un ejército de personajes influyentes, de dentro y de fuera, incluyendo figuras del propio vestuario y de la directiva.

A modo de conclusión, si Josep Maria Bartomeu cometió errores o perdió algunos títulos, estos hechos se magnificaron hasta extremos obsesivos y exagerados por un aparato soberanista que, desde el 2017, concibió un plan para echarlo como fuera del cargo y sustituirlo por un presidente bajo el control del Govern, o mejor dicho de Junts x Cat. 

Lo intentó con Víctor Font pero fue Joan Laporta quien se acabó llevando el premio gordo. El problema es que Laporta se está ahogando en sus propias deudas y que, descaradamente, colabora más con Florentino Pérez a favor del Real Madrid que con el soberanismo catalán. Tanto esfuerzo, ruido y malabarismos para acabar teniendo un presidente del Barça al servicio del centralismo madridista.

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