¿Qué significa aquí (Cataluña) y ahora (2021) defender el bilingüismo?
El nacionalismo catalán ha hecho, desde siempre, bandera de la lengua catalana como seña de identidad nacional, considerada como lengua propia frente a otra, el español o castellano, considerada implícitamente como ajena e impuesta. Y en base a ello ha justificado una práctica de ingeniería social como la mal llamada inmersión lingüística, que erradica el español de la escuela y aspira a convertir Cataluña en la nación monolingüe por ellos soñada.
Sin embargo, las lenguas, en tanto que vehículos de comunicación, crean y son base de cultura humana pero no tienen derechos, no son entes dotados de conciencia y subjetividad. Por ello, desde una óptica progresista y de izquierdas, no tiene sentido hablar de derechos de una lengua –la catalana, la española, ni ninguna otra–. Son los ciudadanos, los sujetos conscientes, los que tenemos derechos. Legislar imposiciones lingüísticas –y tanto si lo hace una dictadura como la franquista, como un parlamento elegido como el de Cataluña–, es un atentado a la libertad y a la democracia. Porque la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías.
Los nacionalistas afirman que los niños educados en la actual escuela catalana dominan correctamente ambas lenguas al abandonar el periodo de escolarización obligatoria. Pero lo cierto es que concluyen el mismo con un conocimiento deficiente de ambas lenguas y con un fracaso escolar muy elevado, y siempre superior entre los que tienen el castellano o español como lengua familiar o materna.
Es decir: la inmersión obligatoria se ha convertido en un hándicap para las familias castellanohablantes, que conforman las clases populares y más desfavorecidas de la sociedad catalana, llegadas a Cataluña respondiendo a las necesidades de mano de obra barata de la burguesía local. Y la actual marginación del español en la escuela contribuye –en contra de la teoría del “ascensor social”– a mantenerlas en los estratos más bajos de la sociedad, pues, al minusvalorar el idioma propio, se genera un desapego emocional respecto a la comunidad a la que se pertenece y desmotiva cualquier pretensión de progreso.
La defensa del bilingüismo, por tanto, ha de ser entendida como una reivindicación dentro de un todo: la lucha por los derechos civiles. El problema de la “inmersión” no es la lengua, es lo que subyace detrás: la construcción de una identidad dentro de un proyecto totalitario. Por mucho que los nacionalistas se atribuyen a sí mismos todas las virtudes democráticas, mientras demonizan a los otros como “fascistas”.
La izquierda debería buscar un discurso propio frente al nacionalismo. La mal llamada “inmersión lingüística” es en realidad un proceso de aculturación de las clases populares castellanohablantes, y cuyo resultado final es la exclusión. Dicho proceso pretende, utilizando la coartada de la cohesión social a través de la lengua, establecer una categorización y jerarquía de identidades poniendo a la propia (la de los nacionalistas) como la superior.
El proceso pretende una apariencia de inclusión. Las clases populares catalanas no encajan en ese modelo, ya que no pueden superar el filtro social impuesto (el apellido, la adscripción identitaria, la renta…). Para acceder a los beneficios que comporta esa “nación que se construye” han de aceptar los postulados étnicos, el sometimiento a la identidad y, por tanto, la subordinación, cosa que nunca será una autentica integración.
La lucha contra ese proceso de aculturación no puede reducirse a un problema lingüístico. El bilingüismo es una reivindicación cívica que ha de entroncarse dentro de una lucha por la libertad y la igualdad. El nacionalismo es trasversal y degrada el ideario de los autodenominados “partidos de izquierda” en Cataluña, haciéndoles olvidar los mencionados principios.
Pero, por otra parte, desde la izquierda no podemos tampoco asumir la solución liberal de la libre elección de lengua vehicular, tan grata al PP: nosotros defendemos que aquí, en Cataluña, español y catalán sean, ambas, lenguas vehiculares al 50%, en una escuela pública y de calidad que forme ciudadanos libres y críticos y donde prevalezca la igualdad de oportunidades.
Una escuela laica en lo religioso y en lo identitario; lo que nos lleva, tras la demostrada deslealtad, a la necesaria recuperación de la Enseñanza como competencia de la Administración Central del Estado. Porque no se puede dejar al zorro al cuidado de las gallinas.
