Carles Puigdemont tiene un problema. La tarjeta republicana, vendida a bombo y platillo como un apoyo digital al Consejo por la República no arranca. Después de tres meses, la ID Republicana tiene solo 22.000 inscritos, una cifra muy exigua. Además, de todos estos 22.000, 20.000 son con tarjeta física y solo 2.000 (el 10%) han hecho la apuesta por la identificación digital.
El independentismo obtuvo en las pasadas elecciones casi 1,5 millones de votos entre todas las formaciones que se declaran claramente a favor de la república catalana. De esta cifra, solo el 1,51% de los votantes han decidido hacerse el carné de apoyo a Puigdemont. Hay que tener en cuenta que esta ID sirve para muy poco. Básicamente para hacer trámites internos en el grupo de socios del Consell per la República, un organismo creado en Bélgica y que cada día que pasa tiene menos protagonismo dentro de Cataluña.
Ante la exigua aportación del independentismo a la última ocurrencia de Puigdemont y viendo el poco entusiasmo que genera, no ha tenido mejor idea que hacer una campaña publicitaria bajo el lema de ¡yo ya la tengo! Jordi Turull ha sido de los primeros en hacer público que ya se había hecho socio horas después de ser indultado. Lo que me pregunto es cómo Turull ha tardado más de tres meses, pues hacer este trámite en internet es sencillo y ha disfrutado de varios permisos para poderlo hacer. Quizás es que tener en la cartera esta tarjeta es similar a tener la de nuestro supermercado habitual, pero esta última nos facilita ofertas o descuentos.
La indiferencia hacia esta tarjeta por parte de la mayoría del mundo independentista podría causar sorpresa, si no fuera porque, quizás, una importante parte de los procesistas empiezan a estar hartos de pagar por cualquier camiseta y, quizás, también, aparte de los inscritos a JxCat, que tampoco son muchos, no hay demasiado interés en obtener esta tarjeta. Y esto que en las elecciones tuvo 570.000 votos, lo cual debería de hacer pensar en la emisión de esta cantidad de tarjetas y unos ingresos de casi unos seis millones de euros, pues para hacerse socio hay que pagar seis euros si es digital y 12 euros si es física. Así, el Consell per la República habrá ingresado ya 252.000 euros en tres meses (240.000 por la tarjeta física y 12.000 más por la digital), una cifra muy inferior a la esperada.
A pesar de que Puigdemont tiene el problema que su ID republicana no engancha, recibe el favor, como el resto del independentismo, de la derecha cavernaria que pone palos a las ruedas a cualquier intento de negociación. Por eso, el Tribunal de Cuentas, controlado por la derecha política española y núcleo en el que está arraigado el nepotismo, se ha apresurado a poner contra las cuerdas económicas a 39 responsables políticos de los gobiernos de Artur Mas i Carles Puigdemont al pedirles una fianza de 5,4 millones de euros por los contratos, viajes y representaciones oficiales (las conocidas como embajadas catalanas). Hechos como estos dan alas a los sectores más intransigentes tanto por un lado como del otro. Confiamos en la cordura de los tribunales y que al final se desautorice el informe del cual ha sido ponente Margarita Mariscal de Gante, ex ministra de Justicia con José María Aznar.
