Dos magistrados del Tribunal Constitucional consideran que el alto tribunal debería haber estimado el recurso de amparo de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó a nueve años de prisión. Los magistrados son tajantes: «La respuesta penal supone una injerencia en el derecho de reunión, con un devastador efecto desánimo sobre este derecho, que amenaza de empobrecer nuestra democracia».
En su voto particular, que se ha dado a conocer este mediodía junto al contenido íntegro de la sentencia del Tribunal que desestima su recurso, los dos magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer estiman que la sentencia constituye una injerencia en el derecho de reunión de los acusados y señalan que hubiera sido deseable una respuesta penal «más de acuerdo con una interpretación evolucionada y concordante con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
También dejan claro que el objetivo de Sànchez y Cuixart durante las protestas del 20 de septiembre ante la sede de la Conselleria de Economía no era la de «propiciar un levantamiento social que posibilitara la declaración de independencia de Cataluña sino presionar al gobierno español para negociar una consulta».
Sin embargo, la mayoría del pleno del Tribunal Constitucional desestimó el recurso de Sánchez y Cuixart a pesar de los votos particulares, entendiendo justa la sentencia del Tribunal Supremo, que les condenó a nueve años de cárcel por sedición.
