La inquietud que desde ya hace meses anida en las oficinas centrales de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) no han hecho más que consolidarse tras el refuerzo del área de ética y de transparència de esta empresa pública, que preside Ricard Font. La nueva compliance, en un alarde de la dirección por mejorar esa sensación de control y de seguridad legal interna, ha resultado ser una antigua compañera de carrera del presidente, Ricard Font, con quien le ha unido históricamente una muy buena relación.
El fichaje ha propagado una sensación contraria a la que, normalmente, provocaría el aterrizaje de un profesional para este departamento, responsable de garantizar las buenas prácticas reguladoras del gobierno de la empresa de transporte público de la Generalitat.
La amistad confirmada entre el presidente Ricard Font y la persona que ha de custodiar y acreditar la correcta aplicación del código ético de la alta dirección y, en conjunto, fiscalizar a la amplia cúpula ejecutiva de Ferrocarrils ha concentrado críticas y recelos en torno a la figura del presidente. Mucho más cuando los precedentes apuntan a un exceso de su protagonismo y exhibición mediática, en parte gracias a actos e iniciativas promovidas y financiadas por la empresa pública. Se ha extendido entre la plantilla laboral y los cuadros de dirección la sensación de que este giro, en principio orientado a proteger sus actuaciones y reforzar la imagen del presidente, no servirá para mantenerlo en el cargo con el próximo gobierno.
