Ni permisos ni licencia ni nada. Las actividades que se llevaban a cabo en Villa Bugatti, la ostentosa finca que explotaba Xavier Vendrell en Cabrera de Mar era un cúmulo de despropósitos. Allí llegó a juntarse en una cena medio Govern con lo más granado del empresariado catalán, pero lo cierto es que todo era ilegal. Ya en 2011, los técnicos municipales habían levantado acta por hacer reparaciones de vehículos y vertidos en la riera anexa a la finca “sin disponer de ninguna licencia municipal”.
Y en 2012, cuando sus propietarios pidieron permiso para celebrar una fiesta de fin de año, el secretario del Ayuntamiento les contestó que “no se puede otorgar la autorización para actividades recreativas de carácter extraordinario para celebrar la fiesta de fin de año en Villa Bugatti. Consultado el expediente 11/91, resulta que en fecha 14 de enero de 2002 se notificó a la sociedad del expediente el requerimiento de legalización de los cambios sustanciales detectados en la visita de comprobación con fecha de 8 de mayo de 2001 sin que, a día de hoy, conste aportada por la titular de la licencia ninguna documentación al respecto”.
Le recordaba también el cargo municipal que en la licencia concedida en 1993 la ocupación de esa finca preveía un máximo de 350 personas. “Aumentar el aforo a 2.000 personas constituye un cambio sustancial que no se puede autorizar sin la tramitación de la oportuna licencia”. El propietario, Patricio Chadwick, inició un conato de legalización en 2018 pero no se completó ningún trámite. Es más: en 2020 su compañía Ceuta SA arrendó por 30 años la finca a Maresme Futur, una sociedad pilotada por Xavier Vendrell y en la que estaba él mismo, además de Eduard Voltas (exsecretario de Cultura), Ignasi Sayol, Miquel Antonio Domènech y Antoni Segarra. El arrendamiento costaría 5.000 euros mensuales.
Recalificación urbanística
Tras la entrada y registro de las instalaciones el 28 de octubre de 2020, en el inicio de lo que se conoce como Operación Voloh, los agentes encontraron pruebas de que “la actividad que se viene desarrollando en Villa Bugatti, sobrepasando el aforo máximo y habiendo realizado eventos culturales sin disponer de la preceptiva licencia de actividades, todo ello con la connivencia y trato de favor del que era regidor de Urbanismo, Enric Mir Nuet”. Así, cuando los agentes irrumpieron en Villa Bugatti, en vez de una casa en estado ruinoso que era lo que oficialmente existía en la parcela, se encontraron con “cuatro viviendas vinculadas a la actividad, además de una serie de cobertizos y edificaciones auxiliares diseminadas”.
También se recalca que “durante la investigación, se ha puesto de manifiesto que Xavier Vendrell ha influenciado en algunos funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento de Cabrera de Mar y de la Generalitat para conseguir la recalificación urbanística del sector Villa Bugatti”. Es más, en una conversación intervenida a Vendrell con el concejal de Urbanismo, Enric Mir, el exdirigente de ERC reconoce que “Villa Bugatti ha funcionado piratillamente durante muchos años”.
Merced a esa influencia, según parece, el Ayuntamiento de Cabrera promovió la modificación del POUM para “posibilitar la construcción de un centro de educación primaria y secundaria dirigido a niños con necesidades singulares relacionadas con la dislexia y trastornos de atención”. Este centro estaba promovido por la Fundación El Brot, cuyo presidente es, precisamente, Xavier Vendrell. Y con esa justificación, los amigos del Ayuntamiento no pusieron objeción al considerar al proyecto de “interés público”. Junto a la escuela, además, se crearía una “escuela de cocina y una escuela de nuevas oportunidades con aulas de mecánica e informática”.
Más techo edificable
En esa maniobra, se cambian las normas de manera que, automáticamente, quedan regularizadas “las edificaciones existentes” y que hasta entonces eran ilegales. Y se especifica que el techo edificable máximo para uso residencial y hotelero sería, en un principio, de 3.000 metros cuadrados. Sorpresivamente, poco después se modificaron los términos y ese techo pasó a ser de 6.000 metros cuadrados, “cuando en la modificación puntual de mayo de 2019 era de 3.000 metros cuadrados, sin que ese incremento se encuentre justificado más allá de la adquisición por Maresme Futur de la finca de Can Borràs, de unos 15.000 metros cuadrados”. Can Borràs era una finca anexa a Villa Bugatti. En el nuevo plan estaba prevista la construcción de seis edificios.
Así, los equipamientos que podrían germinar en el terreno eran la escuela de El Brot, la de cocina, un hotel-residencia de estudiantes, un espacio gastronómico que podría ya celebrar banquetes multitudinarios y viviendas vinculadas a las actividades. Además, según las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, el propio Xavier Vendrell estaría interesado en trasladar su domicilio a este complejo. El 25 de febrero de 2020, el pleno del Ayuntamiento aprobó la recalificación de los terrenos.
La visita de Quim Torra
Que aquello era un desastre y nada estaba legalizado era un secreto a voces. El propio concejal de Urbanismo reconocía en una llamada en mayo de 2020 que “Villa Bugatti no está legalizado todo el tema de actividades… está así, como en falso (…) hay un expediente de regularización de actividades y de licencia y lo tienen paralizado para no crear problemas”. Y el propio Vendrell, ante las dudas y recelos que suscitaba el tema, decía al arquitecto que “se lo tienen que montar como sea para pedírselo a Torra. Y decirle que aquí vendrá Torra a inaugurar. Que no tenga miedo que aquí venga nadie a actuar si estaba Torra, que no vendrán de la Generalitat a pedirte explicaciones”. En esa conversación, Vendrell reconocía que se estaban realizando obras sin permiso.
En las agendas del alcalde de Cabrera, Jordi Mir, y del concejal de Urbanismo, Enric Mir, se encontraron anotaciones sobre el tema de Villa Bugatti. Este último detalló ya en abril de 2019 cómo había de hacerse la modificación del POUM para legalizar el complejo. Y en mayo, anotaba que debían definirse los usos del terreno, que serían dos ámbitos y que “lo hemos de impulsar nosotros”.
Presiones a Educación
En toda esta operación, Vendrell se reservaba un papel estelar. Una anotación manuscrita suya citaba textualmente: “Se establece que la dirección del proyecto será responsabilidad de Xavier Vendrell, mientras mantenga las plenas facultades con plenos poderes, con excepción de las inversiones que deberán ser aprobadas por la junta de accionistas”.
Además, Vendrell no escondía sus relaciones. El 27 de noviembre de 2019, en una conversación telefónica, presumió de que había tenido “una reunión para la tramitación urbanística y se comprometieron a darle una agilidad superior a la que marca la norma”. Unos meses más tarde, cuando, cuando le platean dudas sobre la ralentización del proyecto debido a la pandemia, afirma que “ha hablado con el secretario general de Territorio, Ferran Falcó, que están haciendo teletrabajo y no se tienen que dilatar los plazos”. A este respecto, presumió de haber hablado con la fugada Marta Rovira, en Suiza, para que presumiese a los altos cargos de la Generalitat y le solucionasen todos los asuntos que tenía pendientes.
Para poner en marcha el proyecto educativo, Vendrell comentó también que había hablado con el consejero de Educación, Josep Bargalló. Y días después, con su secretaria para quejarse de que Maite Aymerich, alto cargo del departamento, ponía pegas. El republicano le dijo a la secretaria del conseller que Bargalló “le dijese a esta chica, le dé la orden de que esto tiene que tirar para adelante”. En Educación, Vendrell contaba con la complicidad de dos directores generales, Josep González y Pilar Contreras, para controlar a Aymerich y para que le concediesen más aulas y más niños por aula de las que marcaba la norma.
El proyecto contaba con la financiación de La Caixa, que pensaba destinar “entre uno y dos millones de euros a fondo perdido y que iría pagando a medida que la Fundación El Brot fuese presentando certificaciones de obra”. En realidad, La Caixa aportaba ese dinero “en concepto de mecenazgo (en forma de donaciones o aportaciones) o en convenios de colaboración empresarial”. Así, se llegaron a realizar pagos por un total de 232.000 euros entre 2017 y 2019 a varias empresas por distintos trabajos. Ese dinero fue reembolsado por la Caixa vía convenio de la Generalitat, pero el informe destaca que “un total de 149.718,79 euros pudieran haberse destinado a finalidades distintas a aquellas para las cuales habían sido adjudicados”.
Pese a todas las irregularidades, Villa Bugatti siguió funcionando durante la pandemia y sus eventos “sobrepasaron los horarios y aforos establecidos”. Vendrell sacaba pecho y afirmaba a Eduard Voltas que, con el apoyo del concejal Enric Mir, su festival de verano (que carecía de permiso) “iba a poner a Cabrera en el mapa musical de Cataluña y el chaval (se refería al regidor de Cultura, Sergi Teodoro) se ha sumado a la fiesta”. Y remata el informe: “Que lo importante era salvar el asalto que pudieran hacerle, que ya queda claro que esto tira para adelante. Que ya tienen el permiso implícito… que ya no hay posibilidad de parar lo suyo”. Desgraciadamente para él, la justicia se cruzó en su camino.
*Pueden leer el reportaje íntegro en la edición del semanario EL TRIANGLE
