El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha sacado la tarjeta roja a Andorra. Este organismo considera que el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el marco del cuarto ciclo de evaluación es, en el caso del país de los Pirineos, “globalmente insatisfactorio”.
Este ciclo de evaluación hace referencia a la prevención de la corrupción de los parlamentarios, de los jueces y de los fiscales. Según el dictamen del GRECO, a 31 de diciembre del 2020, Andorra solo había aplicado tres de las 13 recomendaciones emitidas con anterioridad. En cuanto al resto, había aplicado tres de forma parcial y siete no estaban implementadas. En términos generales, Andorra es el segundo país europeo con el porcentaje más elevado de recomendaciones no implementadas, por detrás de Mónaco.
Por eso el GRECO ha decidido, en aplicación del artículo 32, relativo a los miembros que no respetan las recomendaciones que contiene el Informe de evaluación mutua, que el Gobierno de Xavier Espot (foto) envíe “lo antes posible, un informe sobre los progresos hechos en la aplicación de las recomendaciones pendientes”.
Entre las recomendaciones no cumplidas por Andorra para prevenir la corrupción está la introducción de un proceso de consulta pública en el marco del trabajo legislativo o la adopción de un código de conducta por parte de los miembros del Consejo General (Parlamento). Tampoco se ha aplicado la recomendación de introducir la obligación de indicar todo conflicto entre los intereses privados específicos de un consejero general (diputado) y el tema examinado en un procedimiento parlamentario, “independientemente del hecho de saber si un conflicto así también podría ser identificado en el marco de un sistema de declaración pública de los intereses y las actividades”.
En este sentido, tampoco se ha introducido un sistema de declaración pública del patrimonio y de los intereses de los consejeros generales, con datos cuantitativos y que prevea la inclusión de informaciones sobre los familiares dependientes. Y tampoco se han adoptado medidas para garantizar el control y la aplicación apropiados de futuras obligaciones de declaración y de las normas de comportamiento de los parlamentarios.
En cuanto a la prevención de la corrupción de los jueces, el GRECO recomienda modificar la composición del Consejo Superior de la Justicia de Andorra para asegurar una “representación adecuada, escogida por sus miembros, y formada por jueces, magistrados y fiscales”. También recomienda prever el nombramiento de jueces y magistrados por mandatos de duración indefinida.
En relación con los jueces, el GRECO “agradece” la revisión del sistema de responsabilidad disciplinaria y el incremento de los plazos de prescripción de las infracciones disciplinarias. También valora positivamente que se continúen ofreciendo formaciones sobre la ética y la integridad a los jueces y magistrados.
Sobre la prevención de la corrupción de los fiscales, el GRECO “hace notar que se ha progresado” y “constata satisfactoriamente” que las decisiones de inhibir a un fiscal adjunto se tengan que hacer de manera justificada por escrito.
