Si este lunes Joan Laporta no resuelve el trato del aval en la forma y condiciones que exige la Liga de Fútbol Profesional (LFP) será muy difícil que este miércoles día 17 pueda proclamarse nuevo presidente del FC Barcelona.
A todo el que le pregunta, el presidente de la Comisión Gestora del Barça, Carles Tusquets, responde que el acto de la toma de posesión se celebrará el miércoles, por la sencilla razón de que es el día límite de acuerdo con los estatutos. Tusquets no quiere saber nada más, no pregunta porque ni es su obligación ni tampoco su preocupación, pero desde luego no convocará a la Gestora para el traspaso de poderes hasta que la LFP le confirme y certifique un aval a favor del FC Barcelona por la cantidad prevista y la fecha correcta de expedición.
Alrededor de la candidatura ganadora se han observado en las últimas horas signos inequívocos de preocupación que han enfriado el ambiente de euforia vivido hace una semana, al final del domingo electoral, una vez escrutados los votos y cumplido sobradamente el pronóstico de favorito.
El problema para Laporta es que hasta ese momento y hasta poder hacerse fotos con los jugadores del primer equipo y usar expertamente la prensa para su explosión mediática no había llamado a la puerta de inversores, bancos y entidades financieras en busca del aval. Ahora se encuentra con urgencias y situaciones del todo imprevistas.
El ganador de las elecciones contaba con que detrás de esa victoria llegaran las garantías y por tanto los avales, pero lo cierto es que esos trámites se han complicado y que, según las últimas noticias, el viernes último no había podido obtener promesas de avalar por la totalidad de los 124 millones exigidos por la normativa.
Ni los bancos de Sabadell ni Santander han ido más allá de su función, que no es otra que la de tramitar las garantías individuales hasta completar un aval que debe ser presentado como muy tarde este martes ante la Liga de Fútbol Profesional. Algunas fuentes estiman en un 40% o quizá un poco más el valor de los contraavales conseguidos a lo largo de la semana.
Otra opción que parece estar sobre la mesa proviene de alguna corporación financiera extranjera, dispuesta a cubrir el aval siempre y cuando se den las condiciones de contraprestaciones de control y de posibles vías de negocio o de explotación relacionadas con el Barça del futuro.
La complicación de esta alternativa pasa por la necesaria intervención de buena parte de las actuaciones y decisiones económicas que deba tomar la administración de Laporta a partir de ser, efectivamente, nuevo presidente. A Laporta, sin embargo, no le gustan las injerencias de un tercero, un probable escenario que no parece entusiasmarle pero que puede acabar admitiendo si no se arreglan las cosas de otro modo.
Ciertamente su junta no está integrada, sino más bien al contrario, por directivos con una solidez económica ni financiera destacable, hasta el punto que el propio Joan Laporta, sin ir más lejos, tendría problemas para comprarse un automóvil a crédito en la actual realidad económica del país.
En cuanto a la fecha límite no existe la menor posibilidad de modularla ni de evitarla. Los estatutos son precisos y concretos en este sentido. El nuevo presidente debe tomar posesión antes de transcurridos diez días del acto de la votación con el cumplimento de las dos únicas exigencias: el acta de la Mesa electoral con el resultado de las votaciones y la certificación de la Liga de Fútbol Profesional del aval por el 15% del presupuesto de la temporada en curso, es decir, 124 millones de euros.
