El último trimestre de 2020 hemos visto otra vez una crisis de recepción de los migrantes provenientes de las costas mauritanas, de Senegal o de Mali. Si la pandemia del Covid-19, debido al cierre de fronteras, había apaciguado los flujos de pateras durante los meses de confinamiento, ha sido este mismo motivo, una vez abiertas las fronteras, con la caída del turismo, del sector de servicios y de la economía informal, acompañado por un aumento significativo de los precios de los alimentos, el que ha propiciado que se incrementara de forma exponencial la llegada de migrantes a las costas de las islas Canarias.
Todo ello ha provocado una crisis de la gestión de las llegadas que, de acuerdo con datos de 2020, han sido más de 23.023 desembarques. Este fenómeno, dada la falta de espacio para custodia policial, produjo un hacinamiento de personas en el puerto de Arguineguín en condiciones de insalubridad durante meses, que hizo que el sistema de recepción y acogida se colapsase.
Finalmente, el Gobierno asumió la gestión de la acogida de los inmigrantes en Canarias como una emergencia y, tras las negativas de alcaldes para acoger los migrantes o del ejército para acogerlos en sus instalaciones, dispuso tres campamentos de acogida para que pudieran estar en condiciones más dignas.
Huelga decir que la extrema derecha ha aprovechado este contexto para agitar de nuevo los fantasmas de los falsos mitos y las emociones más primarias, tales como el miedo. Es por eso que tal vez sería necesario que los medios de comunicación fijaran la mirada no sólo en la llegada irregular los migrantes, sino que se centraran también a desmontar estos falsos mitos.
Blanca Garcés, investigadoradel CIDOB, puso luz sobre esta materia en un artículo reciente en el diario Ara. Razona con datos que, si bien las imágenes en los medios pueden causar la percepción de que la llegada de los migrantes se produce mayoritariamente por vía irregular, lo cierto, de acuerdo con las investigaciones en la materia, es que sólo uno de cada diez llega de forma irregular (nueve de cada diez lo hacen de manera regular, por los aeropuertos).
Asimismo, las políticas restrictivas de cierre de fronteras a menudo provocan un efecto de vasos comunicantes, de modo que si se cierra una vía se buscan otras (cuando se cierran flujos naturales de los movimientos migratorios se producen paradojas como las de los temporeros -en Europa o en Estados Unidos- que deciden establecerse en el país de acogida). Por otra parte, como ejemplo que no siempre las políticas menos restrictivas aumentan los movimientos migratorios, se puede considerar el caso del espacio Schengen, donde de acuerdo con los expertos, a pesar de la libre circulación de personas y las diferencias salariales y de prestaciones sociales entre los diversos países, no ha habido un incremento sustancial y sostenido de los movimientos migratorios intraeuropeos.
Quizás deberíamos entender que los movimientos migratorios siempre han existido y nunca dejarán de hacerlo. Asimismo, un dato que no se tiene suficientemente en cuenta es que, según el registro de población, en España, la media de migrantes que retornan cada año a sus países es de 250.000, lo que demuestra que los movimientos migratorios son intrínsecamente dinámicos . Igualmente, a pesar de que se piense que en Europa sólo le harían falta emigrantes de alta cualificación, es evidente también que existe una demanda laboral en sectores como el de la hostelería, la agricultura o los cuidados, que a menudo son ocupados por emigrantes.
Con todo este contexto, hay que asumir de una vez por todas que los flujos migratorios son inherentes a la condición humana y a las diversas sociedades, y que tal vez lo que hace falta es cambiar las respuestas restrictivas que ha dado Occidente, que hasta ahora han interrumpido la libre circulación de los movimientos migratorios y han ofrecido la percepción que los migrantes son personas de las que hay que protegerse.
Aunque sabemos que el tema es altamente complejo, deberíamos cambiar la perspectiva: los migrantes son personas con derechos que hay que proteger mediante vías más seguras y herramientas de recepción y acogida más dignas que respeten los derechos fundamentales. En este sentido hay que recordar, el hecho trágico, de acuerdo con los datos del colectivo Walking Borders, que 1.851 personas murieron ahogadas en 2020 en la vía de las islas Canarias.
