En 2008, cuando Joan Laporta ya intuía que su mandato se agotaba inevitablemente y que la ley electoral de limitación de mandatos era muy complicada por no decir imposible de saltar, se propuso cambiarla con efectos favorables directos para poder presentarse a la reelección. Como tenía amigos en todos los estamentos del poder y una inmensa capacidad de influencia convenció a David Moner, entonces presidente de la UFEC y colaboracionista destacado de la junta directiva, para presentar delante del Consell Català de L’Esport el inició el trámite que podría permitir a Joan Laporta prorrogar su mandato hasta el 2012 sin necesidad de cambiar los estatutos del club ni de un refrendo de la asamblea de socios compromisarios.
Aunque se hizo el sorprendido, como si no supiera nada cuando en realidad lo había impulsado desde la trastienda del CCE, no contaba con la presencia de un miembro del Tribunal Català de l’Esport, Román Gómez Ponti, mostrara su desacuerdo con la motivación, el redactado y la intención de esta modificación de la normativa.
El obstáculo provocó un perceptible malestar en David Moner, que no fue directamente el promotor de la moción pero sí trascendió su connivencia con el ponente así como su compromiso con Laporta tratando de encontrar la forma de satisfacer una de las prioridades de Laporta: estirar el mandato más allá de los límites que imponen los actuales estatutos y el propio marco de la ley, que permite a las asociaciones como el FCB decidir el periodo de los mandatos presidenciales, en su caso limitados a dos de cuatro temporadas por presidente.
En la reunión del Consell, presidido por la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, Anna Pruna, un jurista propuso que obligatoriamente la nueva normativa determine que las directivas electas dispongan de un mandato de seis años. Se trataría de un decreto que por ley no haría necesario que los clubs adaptaran sus estatutos uno por uno. La presentación fue acompañada de una disposición transitoria anulando su aplicación de manera retroactiva, fórmula que si en un principio parecía cerrar la puerta a cualquier intento de estirar los mandatos en curso hay juristas que opinan, sin embargo, que se abre la posibilidad de solicitar la aplicación de la última normativa más favorable y acogerse a una ampliación del mandato.
La motivación fue argumentada en base a que la vida media de los presidentes es de tres mandatos de cuatro, o sea de doce años, y que facilitaría esta renovación de cargos el hecho de ampliarla a seis. Algunos de los asistentes, expertos juristas, no daban crédito a algunos de los razonamientos esgrimidos, entre ellos el hecho de parecer innecesaria y farragosa la convocatoria de elecciones cada cuatro años, como si esta buena práctica democrática universalmente extendida por considerarse un periodo suficiente para desarrollar un proyecto de gestión en todos los ámbitos fuera perjudicial para la vida de los clubs catalanes. Ante esta exposición, que luego David Moner apoyó desde su cargo, un miembro del Consell expresó su sensación de que la propuesta sólo tenía como finalidad favorecer los intereses de un presidente y de una entidad. Sin nombrarla, se entendió que la alusión iba dirigida a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, quien no había ocultado su esperanza de que una modificación de la Llei de l’Esport pudiera darle dos años de propina, lo que le permitiría alcanzar su sueño de dirigir la ampliación Foster.
El Consell, una vez expuestas esta y otra propuesta de cambio del redactado de la ley, inició un proceso en el que los clubs y las instituciones podían presentar alegaciones. Luego, una comisión jurídica emitió un informe legal y a partir de ahí un calendario de trámites podría aprobar la reforma, finalmente, en unos seis meses. Se trataba de una iniciativa que muchos juristas no entendieron en el momento puesto que no existía una demanda social en el ámbito del deporte catalán que justificase una reforma tan rigurosa y taxativa y mucho menos la necesidad de dar pie a polémicas posteriores en su empleo. Dedujeron esos mismos juristas consultados que el objetivo era, en efecto, buscar una fórmula para ampliar el mandato del presidente Joan Laporta. Eso de momento, aunque luego finalmente el asunto acabara litigándose años después en los tribunales. Si se ajustaba a derecho o no es algo que estaba por determinar, pero de la misma manera que la UFEC de David Moner impulsaba este cambio, la Secretaria General de l’Esport, Anna Pruna, ya expresó su opinión desfavorable a aprobarla cuando tomó posesión de su cargo. Finalmente, Laporta y Moner no consiguieron avanzar en su propósito frente a la alarma social que habría producido para evitar que el deporte catalán actuara como una república bananera. No había otra calificación. Luego, sin embargo, Moner y Laporta se encargaron de evitar que el voto de censura de Oriol Giralt saliera adelante. En ese proceso, Moner era la ley y el garante de la aplicación de las leyes. (Risas)
