En verano de 2006, el emérito Joan Laporta fue protagonista de un episodio de flagrante y grave infracción contra los estatutos del FC Barcelona. Fue capaz de saltarse la convocatoria de elecciones después de haber cumplido los cuatro años de presidencia que, legalmente, habían agotado su mandato. Nadie en un estado y en un club que se consideran democráticos había desafiado la ley de esta manera ni con una actitud tan insultante y descarada.
Laporta y su junta, en realidad, no querían admitir que, desde el momento en que se convocaron las elecciones en verano de 2003 para el día 15 de junio, la nueva junta en ningún caso podría tomar posesión del cargo más tarde del día 25 de junio, pues la normativa exige que se haga en un plazo no superior a diez días desde las votaciones.
Además, con los estatutos del FC Barcelona vigentes en aquel momento, y también ahora, el presidente entrante cuando las elecciones no se han producido por el procedimiento normal regulado por final de mandato, y con el propósito de evitar ventajismos, suspicacias y polémicas, la junta directiva elegida cumplirá su primer año de mandato contando desde el día de la toma de posesión al día 30 de junio siguiente. Aunque en este caso fueron sólo ocho días entre la proclamación, día 22 de junio, y el 30 de junio ningún juez, ningún abogado ni nadie conocedor del funcionamiento y aplicación de las leyes han discutido el redactado claro y conciso, sin margen a la interpretación, de un artículo precisamente incluido en los estatutos para evitar este tipo de discusiones.
Por tanto, de forma plenamente consciente y deliberada, Joan Laporta y su directiva obviaron que su mandato de cuatro años se cumplía inevitablemente el 30 de junio de 2006, un año por los ocho días de junio de 2003 y los tres siguientes.
Con insolencia propia de quien se siente protegido por determinados poderes, Laporta llegó incluso a blandir en una asamblea un vergonzoso y ridículo dictamen, también de dudosa y sospechosa autoridad legal, firmado por un empleado de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat como justificante de sus acciones fuera de la ley. Dio igual. Una vez cumplido el plazo legal, un socio del Barça se plantó en el juzgado correspondiente para exigir que se celebrasen las elecciones.
El juez de turno, a la vista de las consideraciones planteadas y la claridad de los estatutos, ordenó de forma inmediata y rotunda la dimisión de la junta en pleno y la convocatoria de las elecciones.
El riesgo de perderlas era cero. El equipo liderado por Ronaldinho había conquistado aquella temporada la Liga y la Champions de París. El interés en hacerse el loco y en no admitir los hechos radicaba en evitar incorporar al mandato las pérdidas de 63,8 millones derivadas de la provisión ‘fantasma’ inventada por él mismo y Ferran Soriano en 2003 con cargo a Gaspart, una jugada sin pies ni cabeza con el propósito de eludir números rojos y así no prestar el aval obligatorio exigido por la ley.
De la encrucijada, la consecuencia menos espinosa fue el hecho ganar fácilmente las elecciones en un momento tan dulce deportivamente hablando, pues en menos de un mes, tras el paso obligado por la Gestora, Joan Laporta salía reelegido sin necesidad de poner las urnas por falta de contrincante.
Hubo otras dos secuelas destacadas, ambas a la altura de esa condición de pequeño rey emérito en el que se iría convirtiendo. La primera, una jugarreta jurídica, le salvó de la correspondiente inhabilitación a perpetuidad por haber infringido los estatutos en grado superlativo, pues no existe una agresión peor ni más grave que eludir la convocatoria de elecciones. Así fue reconocida la infracción por los tribunales del derecho civil frente a la pobre defensa de Laporta, argumentando que no había actuado de mala fe sino inocente y angelicalmente. Vamos, que se le había olvidado convocar las elecciones porque se había descuidado un año al contar los cuatro de mandato. Un lapsus que le puede pasar a cualquiera.
Sin embargo, en paralelo se cursó una sólida demanda al Tribunal Catalá de l’Esport por parte de un socio del FC Barcelona, quien, por tres veces, sucesivamente, fue aportando las resoluciones judiciales, finalmente firmes, reconociendo la infracción.
Para entonces, la directiva de Laporta ya había gestionado con su generosidad y habilidad miles de entradas regaladas, incluso viajes con todo pagado a París para la final de la Champions, fiestas, celebraciones y favores repartidos especialmente en todo el círculo del poder deportivo, mediático y político catalán de la época, encantado de relacionarse y llenar el Palco del Camp Nou así como los aviones y hoteles de la final de París.
Finalmente, no supuso un problema demasiado complicado que el Tribunal Catalá de l’Esport, presidido entonces por José Domingo Valls y designado desde el Consell Català de l’Esport que dominaba la figura de David Moner, no viera en ningún caso causa con base para abrir un expediente al presidente del FC Barcelona. Como en cualquier república bananera, no parecía extraño que el presidente de una asociación hubiera decidido que las elecciones podrían celebrarse tranquilamente un año después. Para vergüenza del derecho y del deporte catalán los papeles con la denuncia de un socio del FC Barcelona acabaron con el paso de los años olvidados, archivados y sin efecto en un cajón del Tribuna Català de l’Esport.
La cara dura y omisión de sus funciones por parte de José Domingo Valls le sería recompensada con puestos estratégicos en el ámbito del deporte donde su bufete y él personalmente se han podido ganar la vida con no demasiado esfuerzo y gozando de una notoria influencia y protección de los poderes y autoridades deportivas.
Hasta hace apenas un año su despacho asesoraba a la Federación Catalana de Futbol. A raíz de una denuncia anónima en la que se relataba con pelos y señales cómo se desviaban cientos de miles de euros cada año desde la Federación y la Mutua de Futbolistas a sociedades sin actividad, formando parte de un enredo de sociedades que al final recaudaban dinero para Domingo Valls y para otros personajes vinculados a la Federación, fue cuando el propio presidente Joan Soteras cortó toda relación y aisló al turbio personaje. Tirando del hilo, quien había organizado y dado alas al montaje había sido el anterior presidente, Andreu Subies, acusado por la Audiencia Nacional de varios delitos monetarios por una trama de desvío de fondos de la Federación para negocios particulares como obras de restauración de un establecimiento hostelero propiedad de su esposa. Por ese motivo, Subies, a la espera de juicio, debió dimitir de su cargo de vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol. Laporta no es el único reyezuelo emérito del deporte catalán.
Hubo una segunda consecuencia (próximo capítulo) de la no convocatoria de elecciones. Como resultado de la nueva realidad afloró el hecho, evidente, de que la junta de Laporta no había presentado en su momento el aval correspondiente de la temporada 2002-03. Comenzaba así el largo caso de los avales, otro incumplimiento grave que la justicia también demostraría.
