¿Qué bofetada ha dado el TSJC a Ada Colau y a los comunes en la “guerra del agua”?

Ada Colau

La sala del contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido anular parcialmente la modificación del Reglamento Metropolitano del Servicio del Ciclo del Agua, aprobado en 2017 por el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), organismo que preside Ada Colau. Esta modificación permitía la posibilidad que los ayuntamientos metropolitanos pudieran gestionar y adjudicar directamente, por un período indefinido, el suministro de agua, al margen de la empresa mixta Aigües de Barcelona (AB), formada por la misma AMB y SGAB, que es la encargada de hacerlo, según el acuerdo aprobado y firmado en 2012.

Los comunes –y, de manera muy destacada, el concejal Eloi Badia– siempre se han opuesto, de manera vehemente, a la existencia de esta empresa pública-privada y han luchado hasta la extenuación, con todas las armas legales en la mano, para conseguir la municipalización del servicio de abastecimiento de agua y, de paso, la destrucción de SGAB. Pero Ada Colau y Eloi Badia sufrieron una dolorosa derrota cuando, el año pasado, el Tribunal Supremo ratificó plenamente la legalidad de la empresa mixta Aigües de Barcelona.

Ahora, el TSJC ha dado una nueva bofetada a la estrategia de los comunes y, con la anulación parcial del artículo 3 del Reglamento Metropolitano, ha establecido que todos los municipios del AMB están vinculados por la constitución y funcionamiento de la empresa mixta Aigües de Barcelona, que es la titular del servicio en todo el ámbito metropolitano. Esta sentencia puede tener una fuerte repercusión negativa en aquellos ayuntamientos que siguen gestionando o han adjudicado por su cuenta el servicio de agua domiciliaria.

Lo más chocante de este contencioso es que ha sido interpuesto por Aigües de Barcelona y SGAB contra una decisión adoptada por el Consejo Metropolitano del AMB, institución que participa con un 15% en el accionariado y los beneficios de la empresa mixta. La sentencia del TSJC cierra la puerta a la municipalización por libre del servicio de distribución de agua que han adoptado algunos ayuntamientos metropolitanos.

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