Nos gobierna una banda de ladrones

La segunda oleada de la covid-19, en la cual estamos inmersos, tiene unos efectos sanitarios -víctimas mortales y enfermos ingresados en las UCI de los hospitales- menores que la primera. En cambio, la sacudida económica es mucho más grave, entre otras razones porque, después de siete largos meses de pandemia, las empresas, los comercios y las actividades profesionales sufren un gran desgaste y muchos negocios han quedado arruinados o están en las últimas. En consecuencia, miles de trabajadores, autónomos y sus familias pasan un calvario para intentar sobrevivir en esta situación tan adversa y la privación de ingresos hace que tengan que alimentarse como puedan y cuando pueden.

Contrasta esta creciente penuria que afecta a capas cada vez más amplias de la sociedad catalana con los opulentos salarios, por cuenta del erario público, que cobran nuestros políticos profesionales y su corte de altos funcionarios, asesores, periodistas de confianza… que les rodean. Si antes ya era una anomalía remarcable los generosos sueldos que, desde hace años, se auto-asigna la clase política catalana -los más elevados, con diferencia, del Estado español- ahora es, directamente, un agravio y una escupitajo en la cara de la gran mayoría de la población, afectada por la profunda recesión económica provocada por la covid-19.

Solo cuatro ejemplos para ilustrar cómo, en estos tiempos tan complicados, nuestras instituciones derrochan el dinero público de manera totalmente irresponsable:

*El ex presidente Quim Torra continúa cobrando 122.400 euros al año una vez ha dejado el cargo (más de 10.000 euros al mes)

*Marcela Topor cobra 6.000 euros en el mes para hacer una tertulia semanal en inglés en la televisión de la Diputación de Barcelona, que no ve casi nadie. Si Marcela Topor no fuera la mujer del ex presidente Carles Puigdemont, es evidente que no tendría este momio.

*El síndic de greuges, Rafael Ribó, tiene su cargo caducado desde el mes de marzo del año pasado. Aún así, continúa cobrando una morterada de 138.000 euros anuales. (El sueldo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es de 84.845,16 euros anuales).

*Como ha destapado el diario eltriangle.eu, TV3 ha destinado 1,35 millones de euros para el programa que harán los periodistas Mònica Terribas i Jordi Basté. Mònica Terribas ya cobraba 210.000 euros por dirigir el programa matutino de Catalunya Ràdio y, además de no tener que madrugar, a buen seguro que en su retorno a TV3 ganará más pasta.

Todo ello es inmoral, indecente, vomitivo y asqueroso. Estos ejemplos execrables son ampliables a otras instituciones del país (los grandes ayuntamientos, empezando por el de Barcelona; las diputaciones provinciales, el área Metropolitana de Barcelona, los consorcios de todo tipo…) repletas a rebosar de asesores-parásitos que cobran unas nóminas y unas facturas de honorarios totalmente injustificadas y desmesuradas.

En esta crítica coyuntura, el dinero público es más precioso y valioso que nunca. En primer lugar, para atender y ayudar a las personas y a las familias que no pueden más. En segundo lugar, para garantizar los fundamentos del Estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones, subsidios de paro e invalidez…). En tercer lugar, para intentar mantener los puestos de trabajo de las empresas privadas, que son la base de la actual estructura social. En cuarto lugar, para impulsar y acompañar la reactivación económica que, sí o sí, tendremos que encarar después de esta pandemia.

Hay que exigir a las administraciones –todas- que procedan de manera urgente e inmediata a una racionalización y reducción de su gasto en retribuciones de altos cargos y en la contratación de asesorías y servicios profesionales, de forma que estos honorarios puedan ser “comprensibles” y “asumibles” para la opinión pública. Este ahorro no es, en estos momentos, el “chocolate del loro” y, además, es imprescindible para rehacer la confianza de la población en sus instituciones democráticas, muy deteriorada después de los reiterados e inadmisibles escándalos de corrupción protagonizados por la clase política durante las últimas décadas.

Saber que la élite que ha conseguido colocarse en lo alto de la pirámide política (gracias, no lo olvidemos, a los votos de los ciudadanos) se lleva cada mes a casa, llueva o nieve, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 o 15.000 euros es, sencillamente, una aberración inaceptable. Lo mismo podemos decir de las supuestas “stars” mediáticas catalanas que pululan por los medios de comunicación públicos con unas retribuciones absolutamente demenciales.

Puesto que nadie más lo dirá, lo digo yo: hay que impulsar, de manera inmediata, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento de Cataluña para establecer el sueldo máximo por cuenta de los presupuestos públicos en 3.000 euros mensuales para todos los altos cargos y en 1.500 euros para los asesores, después de proceder a una estricta evaluación y reducción de esta nube de parásitos que mantenemos amorrados al abrevadero.

En este sentido, también es inaplazable la renovación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para que llegue a los medios públicos de la Generalitat una nueva dirección que ponga orden y cordura y acabe con esta gran “casa de putas” en que se han convertido TV3 y Catalunya Ràdio. La dejadez y la irresponsabilidad que campan en las altas esferas de nuestro país son un corrosivo factor de desafección y de desmoralización del conjunto de la sociedad catalana tanto o más peligroso y letal que la covid-19.

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