La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el Tribunal Supremo abra una causa penal para investigar al vicepresidente segundo del gobierno de España, Pablo Iglesias, por la presunta comisión de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con el agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito por su comportamiento en el asunto del robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasessora de Iglesias.
Después de que el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón elevara una exposición razonada al Supremo para que abriera una causa penal contra Iglesias, Anticorrupción ha remitido un informe a la Fiscalía General del Estado, para que lo tenga en cuenta el teniente fiscal Luis Navajas cuando elabore el informe definitivo, ha publicado La Vanguardia.
Anticorrupción discrepa del juez García-Castellón aduciendo que un informe de la policía científica no ve acreditado que la tarjeta del móvil de Bousselham sufriera daños ni, en el caso de haberlo sufrido, quién era el responsable. Además, argumenta que hace falta algo más que el testimonio del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, para imputar el delito de denuncia falsa a Iglesias. En cuanto a la revelación de secretos, el informe de Anticorrupción indica que Dina Bousselham tendría que considerarse ofendida y culpar a alguien para proceder penalmente contra el vicepresidente.
García-Castellón considera, en cambio, que existen indicios que apuntan que Iglesias destruyó la tarjeta que contenía información íntima de Bousselham y que fingió, creando un relato planificado y fraudulento, sobre una supuesta filtración del contenido por parte de cargos policiales y de Interior -las "cloacas"- para, así, beneficiar electoralmente a Podemos.
Antes de llegar al Congreso de los Diputados, donde los diputados votarán si aceptan la investigación contra Iglesias, el eventual procedimiento penal pasará por la sala de admisión del Supremo, se trasladará a la Fiscalía y la fiscal general, la exministra socialista Dolores Delgado, tendría que pronunciarse, pero el teniente fiscal Navajas avanzó que Degado se apartaría y él asumiría el asunto. En cualquier caso, la decisión de investigar a Iglesias corresponde al Supremo, si recibe la luz verde del Congreso.
