La marcha/huida de España del rey emérito, Juan Carlos I de Borbón, es el movimiento que cabía esperar desde que se destapó que era titular de una sociedad fiscalmente opaca en Panamá y de cuentas ocultas en Suiza. En democracia, un jefe de Estado o un ex jefe de Estado no puede caer en un error tan burdo y garrafal sin pagar ejemplarmente las consecuencias.
Y ello no solo quiere decir que tiene que restituir, hasta el último céntimo, la cantidad defraudada durante años a la Hacienda pública y ponerse a disposición del Tribunal Supremo, encargado de investigar los presuntos delitos que haya podido cometer. La continuidad de Juan Carlos I de Borbón en territorio español era, en estas circunstancias, incompatible con la dignidad institucional inherente a los máximos cargos de responsabilidad que ha ocupado. El castigo que merece por haber burlado la confianza de la sociedad con un comportamiento inaceptable es el destierro y este es el sentido de su salida de España.
Es evidente que la actitud impresentable del rey emérito –que se arrastra desde hace décadas- debilita a la institución monárquica, a la cual la Constitución del 1978 otorga las funciones de la jefatura del Estado. Felipe VI también está salpicado, por pasiva, por los escándalos financieros de su padre y tiene que ser consciente que su legitimidad y su honorabilidad han quedado tocadas por siempre jamás.
A partir de ahora, al rey actual le será muy difícil moverse por España –y ya no digamos por el mundo- sin que el hedor de corrupción de su padre no le acompañe y le envuelva. Es toda la familia Borbón, con independencia de los actos de cada uno de sus miembros, que queda cuestionada y descalificada por la irresponsable frivolidad de Juan Carlos I, que se creía intocable e impune, sin entender que las exigencias democráticas le obligaban a tener un comportamiento público y privado irreprochable.
Si quiere salvar la institución monárquica para su hija Leonor, el rey Felipe VI se ve obligado, más temprano que tarde, a hacer una declaración amplia y exhaustiva ante la sociedad española donde, además de pedir perdón por los excesos y errores de su padre, explique con detenimiento las finanzas de toda la familia borbónica y exprese su voluntad de llevar una vida austera y transparente. Pero, dadas las circunstancias, compromisos y ataduras, es muy difícil pensar que el rey hará este ejercicio de expiación pública.
Felipe VI lleva sobre sus hombros la pesadísima mochila de la controvertida historia de la dinastía de los Borbón en España, desde el fundador de la saga, Felipe V, pasando por Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII y, de manera muy especial, la tóxica herencia de su padre, Juan Carlos I, designado sucesor por el dictador Francisco Franco. El rey tiene que saber que, desde ahora, la condena que tendrá que purgar por su ADN es la invisibilidad… o la renuncia, para dar paso a la III República.
En perspectiva y prospectiva, la monarquía española no tiene futuro. Como tampoco tienen futuro las otras monarquías que restan de pie en la Unión Europea (Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Luxemburgo). El proceso de integración de la UE, que se acelerará después de la catástrofe sanitaria y económica de la pandemia, nos lleva a la constitución de los Estados Unidos de Europa, con capital en Bruselas y con una estructura de gobernanza republicana y federal.
Del mismo modo que en Dakota, en Luisiana o en Texas no hay un rey, sino un gobernador elegido por sufragio universal, los estados que conformamos la Unión Europea acabaremos adoptando, de manera natural y por decantación, la fórmula republicana, que es la más moderna, práctica e inteligente de organizarse en democracia. En esta transición institucional, que es inexorable, pero que puede alargarse en el tiempo, Felipe VI tiene la obligación de comportarse, si aspira a continuar como jefe del Estado español, como un “rey republicano”, consciente que la transmisión dinástica es un concepto político periclitado por la historia y que está en tiempo de descuento.
Han pasado casi 45 años desde la muerte del dictador Francisco Franco y de su sucesión por Juan Carlos I de Borbón. Durante este largo periodo, los ciudadanos españoles hemos votado libremente a nuestros representantes en decenas de ocasiones: en las 14 elecciones generales celebradas, en las 11 municipales, en las autonómicas, en las europeas…
A pesar de las broncas e imperfecciones, la democracia está bien viva y sólidamente asentada en el territorio español. Sus grandes enemigos –el golpismo militar, la violencia terrorista, la corrupción, la identitarismo excluyente, el populismo…- han sido superados por la fuerza incontestable de las urnas. La voluntad de construir juntos el futuro es una corriente de fondo muy potente que ha sido capaz de vencer el inmenso dolor y los profundos traumas provocados por la guerra del 1936-39.
Con este precioso bagaje, el tránsito de una monarquía constitucional a una República constitucional no tendría que significar ningún pandemónium. Siempre que el modelo republicano que eligiéramos fuera parecido al de Alemania, Italia o Portugal, donde el presidente de la República tiene asignada una representatividad institucional muy limitada y el poder de verdad recae en el Parlamento. Para entendernos, un sistema de República diferente de Francia o los Estados Unidos, donde el presidente electo concentra un enorme poder de decisión.
La sociedad española ha aprendido a ser democrática, aprecia la democracia y nunca dejará que se la arrebaten. Con esta constatación, el advenimiento de una República constitucional y federal no tiene que asustar nadie. Caerá como una fruta madura y no provocará ningún terremoto.
