Sabíamos que el mercado como mecanismo de asignación de recursos es una maquinaria poderosa de coordinación. Pero también sabíamos que sus resultados son muy mejorables cuando se dan fenómenos como los efectos externos (o externalidades: efectos de decisiones sobre otras personas que no participan en la decisión) o los bienes públicos (aquellos bienes a los cuales no se puede poner un precio porque se pueden disfrutar libremente). Además, incluso en ausencia de externalidades y bienes públicos (pero también, y probablemente más cuando están presentes), los resultados de la economía de mercado pueden ser muy desiguales y generar graves injusticias sociales.
Lo que no sabíamos era que la experiencia nos pondría ante nosotros un ejemplo potentísimo de la imperfección de los mercados. Este ejemplo ha sido la crisis de la covid-19. Esta pandemia presenta externalidades clarísimas: las decisiones que toma cada persona pueden afectar a otras muchas. Es por eso que no se pueden glorificar las decisiones meramente individuales, que sólo piensan en uno mismo. Y en este caso, el de una pandemia de alcance global, es más necesario que nunca el conocimiento científico, que es un bien público global que una vez se genera afecta a todo el mundo, y, por tanto, no se le puede poner un precio. Y, además, cómo hemos visto, la crisis afecta negativamente mucho más a algunos colectivos que a otros.
Por eso ha hecho falta, en todas partes, intentar hacer frente a la pandemia con mecanismos de asignación de recursos diferentes del mercado, en este caso el Estado, sobre todo, y también las comunidades, es decir, las acciones de personas libremente organizadas que actuaban por motivaciones intrínsecas más allá de las retribuciones materiales. El mercado ha seguido existiendo, hemos seguido comprando algunas cosas pagando un precio, yendo al súper, comprando algo online, pidiendo algún servicio con una app. Pero nuestra vida se ha visto alterada sobre todo por decisiones tomadas por instancias públicas. Estas decisiones han sido decisiones sobre aquello que podíamos hacer y aquello que no podíamos hacer; pero también decisiones de movilizar recursos económicos para sostener socialmente a los sectores más vulnerables (a través de préstamos o ayudas directas como el Ingreso Mínimo Vital), o para impulsar económicamente una recuperación sobre bases nuevas a través de los fondos europeos Next Generation, un auténtico paso histórico hacia una Europa más federal.
Las comunidades han complementado el rol del Estado con la acción de grupos de voluntariado, con la participación ciudadana aplaudiendo a los sectores que daban más y respondiendo en general positivamente a las instrucciones públicas, y por lo tanto facilitando el cumplimiento de las normas y reduciendo el coste de su aplicación.
Durante los meses iniciales de la pandemia, ha emergido un consenso entre los economistas más serios en el sentido de que no había ningún dilema entre salud y economía, sino que esta no se podía recuperar si no frenábamos primero (con la acción coercitiva del Estado) la curva de contagios y, por tanto, si no priorizábamos la salud. Quienes se han manifestado en sentido contrario (desde Donald Trump hasta un patético Joaquín Leguina) han hecho el ridículo más estrepitoso entre economistas, epidemiólogos y otros expertos.
La crisis ha puesto en evidencia también que los mecanismos públicos tienen que operar a diferentes niveles, porque la pandemia actúa desde el nivel global hasta el local. Conviene, pues, una cogovernanza federal. De ahí que haya sido muy importante que la actitud de las instituciones europeas, y del principal gobierno de la Unión, Alemania, haya sido muy diferente de su actitud en la crisis anterior. A todos los niveles, estos mecanismos públicos requerirán un aumento de los ingresos fiscales, que se tendrán que aplicar en reducir las enormes desigualdades que ya existían y que la crisis agrava, y en impulsar la economía sobre unas bases más ecológicas y más democráticas. Esto implica también, en la línea autocrítica de algunos sectores lúcidos del capitalismo, reenfocar los objetivos de la empresa más allá de la maximización de beneficios, y tener en cuenta una perspectiva más ecológica y solidaria, así como la participación en las decisiones de las personas trabajadoras.
El pensamiento económico conservador ya había quedado a la defensiva con la anterior crisis financiera global. Pero ha sido la crisis de la covid-19 la que lo ha dejado en KO técnico. Se ha acabado la apelación a la austeridad, a los efectos milagrosos de los mercados; se ha acabado la justificación de la desigualdad y la banalización del cambio climático. Hoy el gran adversario del pensamiento económico progresista, lo que impide las reformas igualitaristes del federalismo social, ya no es el neoliberalismo de Friedman , Thatcher y Reagan , sino que
es el nacionalpopulismo de Trump, Bolsonaro, Modi y sus alumnos aventajados en Catalunya. Este nacionalpopulismo ha sido derrotado con el acuerdo para los fondos Next Generation en la Unión Europea.
