El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la orden ministerial de 2017 que permitía que empresas implicadas en el proyecto de almacén de gas Castor cobraran casi 100 millones de euros, publica El Confidencial.
Se trata de una victoria judicial de la Generalitat de Cataluña, que interpuso un recurso contencioso administrativo contra el reconocimiento del pago de 80,6 millones a CaixaBank, Bankia y el Santander, y de 15,7 millones a Enagás por el mantenimiento del almacén de gas fallido.
La resolución del Supremo, añade la misma información, esgrime que el Tribunal Constitucional consideró inadecuada la fórmula de pago del almacén, que cobraba a los ciudadanos la indemnización a través del recibo del gas. Este procedimiento se abandonó el 2018 a raíz del pronunciamiento contrario del Constitucional.
Diferentes resoluciones judiciales han considerado nulos casi 400 millones cobrados a los consumidores a partir de aquella fórmula. Enagás había asumido la financiación del pago de 1.350 millones por parte del gobierno español y traspasó el derecho de cobro al Santander, CaixaBank y Bankia. Sólo retuvo el mantenimiento del almacén.
Además del recurso de la Generalitat -correspondiente al mandato de Carles Puigdemont y a los meses de intervención del gobierno español por la vía del artículo 155 de la Constitución-, la patronal Cecot también reclamó el dinero en los tribunales.
