Parece que hay una coincidencia casi absoluta. Casi todo el mundo coincide en decir que, una vez que hayamos conseguido superar esta primera gran pandemia global, estaremos obligados a cambiar de paradigma. Lo afirman todo tipo de políticos y economistas, filósofos y sociólogos, científicos de los campos más variados… Lo que ya no queda tan claro, o cuando menos en lo que las coincidencias ya no son tan frecuentes, es en que entienden unos y otros como paradigma, y todavía parece mucho menos claro cuál tendrá que ser nuestro nuevo paradigma, cuál será su orientación. Tampoco queda nada claro a qué niveles de nuestras actividades privadas y públicas afectará este paradigma nuevo que regirá a partir de ahora nuestras vidas.
Si entendemos como paradigma el ejemplo, modelo o pauta por el que nos regimos, es muy obvio que hay muchos. Pero el paradigma social y económico más extendido en nuestro actual mundo global, para bien y para mal, es el de la economía libre de mercado. Con matices, que van desde el liberalismo económico puro y simple, apenas templado por la subsistencia de un sistema político de democracia representativa, y por lo tanto parlamentaria, hasta los de regímenes más o menos dictatoriales –y por lo tanto iliberales– que así y todo se basan también en el liberalismo económico.
Hay también –y por suerte es nuestro caso y el de la mayoría de los países de nuestro entorno geográfico y político, sobre todo en la Unión Europea– un paradigma que, aún y aceptando la economía libre de mercado y haciéndola compatible con unos sistemas políticos democráticos, limitan y moderan los efectos negativos mediante regulaciones e intervenciones en la actividad económica por parte del Estado.
Estos paradigmas son definibles, como lo hace la vigente Constitución al referirse a España a partir de 1978 como "estado social y democrático de derecho". Suficientemente conocidas las fracasadas experiencias de intervencionismo absoluto del Estado en la economía y en el conjunto de la vida de un país, supongo que nadie osará defenderlas como nuevo paradigma. Tampoco son defendibles los sistemas basados en el libre mercado puro y simple, con todas las consecuencias que se derivan de desigualdad e injusticia creciente.
El nuevo paradigma será, inevitablemente, más comunitario, más colectivo. Lo será porque esta pandemia terrible nos ha hecho descubrir, o cuando menos recuperar, el concepto de comunidad o colectividad. Y con la recuperación de este concepto, hemos entendido hasta qué punto son esenciales algunos servicios públicos como los de la salud y los servicios sociales, los de la educación, las pensiones, la cultura… Quizás no todo el mundo era suficientemente consciente –no recuerdo que fuéramos muchos los que clamábamos en las calles contra los recortes en estos y otros servicios públicos básicos, mientras que eran centenares de miles, y dicen que incluso millones, quienes se manifestaban por la independencia…–, pero ahora hay una corriente de opinión ampliamente generalizada que defiende y reivindica el carácter fundamental e imprescindible de estos servicios públicos. Unos servicios públicos que han sido desguazados a conciencia, por motivos no sólo económicos sino sobre todo ideológicos y de interés privado, y que de repente hemos descubierto que casi habían dejado de existir. La tragedia criminal que se ha extendido por las residencias de ancianos de nuestro país, en algunos casos convertidas en antesalas de una morgue, es el ejemplo más cruel de la quiebra de las devastadoras medidas de austeridad impuestas a raíz de la primera gran crisis financiera global, la de 2008.
Habrá que aclarar todas las responsabilidades, tanto las públicas como las privadas, que han provocado una mortaldad extrema entre nuestra gente mayor y más desvalida. Cómo también habrá que aclarar las responsabilidades de todo tipo en el desmontaje deliberado y sistemático de un servicio público de salud razonablemente bueno, que si se ha mantenido en pie ha sido sobre todo gracias al esfuerzo titánico de sus profesionales.
El nuevo paradigma sólo puede ser un Estado social y democrático de derecho. Pero no sólo virtualmente o verbalmente. Un Estado social, y por tanto con la supremacía del interés colectivo sobre el interés privado, y democrático de derecho, que quiere decir sin limitación ni renuncia a ninguna libertad individual ni collectiva. En resumidas cuentas, una receta ya conocida, ¡¡la de la socialdemocràcia federal!
