El alcalde de Premià de Mar carga contra los consejeros republicanos El Homrani y Vergés

Miquel Àngel Méndez, de JxCAT, les reprocha que hayan tardado demasiado en intervenir la residencia de Ca n' Amell dónde han muerto 24 ancianos por la Covid-19
Servicios de desinfección en el acceso de la residencia de Ca n' Amell,
Servicios de desinfección en la entrada de la residencia de Ca n' Amell, en Premià de Mar

El alcalde de Premià de Mar, Miquel Àngel Méndez, ha acusado a los consejeros de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, y de Salud, Alba Vergés, los dos d'ERC, de actuar de forma descoordinada y con retraso en la crisis que ha vivido la residencia de la tercera edad Ca n'Amell, donde han muerto 24 usuarios en los últimos días después de contagiarse con la Covid-19.

éndez, de JxCAT,se ha quejado de que inicialmente el departamento de Salud sólo optó por la intervención sanitaria de la residencia y que ha tardado demasiado en intervenirla íntegramente y relevar a la dirección. También ha lamentado que el grupo municipal de ERC en Premià de Mar tuviese informes sobre la situación en Ca n'Amell que el gobierno de la Generalitat no le había hecho llegar a pesar de habérselos pedido.

En los últimos días, la dirección de Ca n'Amell se negaba a dar información y a reconocer la gravedad de lo que estaba pasando con los residentes. Las pruebas practicadas esta semana han demostrado que de los cerca de doscientos internos un 90% estaba infectado por la Covid-19. El alcalde ha mostrado su indignación con esta actitud de los responsables de la residencia y les ha acusado de "negligencia absoluta".

Ca n'Amell estaba gestionada hasta que ha sido intervenida por la Generalitat por la empresa Domus Vi que gestiona cerca de doscientas residencias en toda España, con unas 25.000 plazas, y da trabajo a más de 21.000 trabajadores. Domus VI es un grupo internacional del que dependen 438 centros para la atención a la tercera edad, la discapacidad y la salud mental situados en España, Francia, Portugal y varios países de América Latina. El Ayuntamiento de Premià de Mar decidirá en los próximos días si convierte su indignación en una denuncia ante los tribunales de justicia.

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