El Ministerio de Sanidad ha establecido en un informe (Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2) que no "se puede excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales", sobre todo respiradores y unidades de cuidados intensivos, o determinados tratamientos por motivos de edad puesto que "resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro estado de derecho que recoge el articulo 14 de la Constitución Española".
Las directrices del ministerio que dirige Salvador Illa aparecen pocos días después de que comunidades autónomas como Cataluña decidieran evitar el acceso de las personas de más de ochenta años a los respiradores.
El gobierno central exige, de este modo, a los centros hospitalarios de las diferentes comunidades autónomas que atiendan a los pacientes mayores en caso de situación de escasez extrema de recursos asistenciales con las mismas condiciones que el resto de la población, es decir, "atendiendo a criterios clínicos de cada caso en particular".
El informe afirma que "aceptar una discriminación como la anteriormente reflejada supondría establecer una minusvaloración de determinadas vidas humanas por la etapa vital en que se encuentra este sector de ciudadanía, el que contradice los fundamentos de nuestro Estado de Derecho, en particular el reconocimiento de la igual dignidad intrínseca de todo ser humano por el hecho de serlo".
El documento también señala que no se puede discriminar a las personas "con discapacidad en cualquiera de sus manifestaciones" y que hay que prestar una atención especial a los colectivos de menores en situaciones más vulnerables.
